1 de noviembre de 2020 00:00

La pandemia agravó la situación laboral de los ciudadanos venezolanos

La venezolana Neiri Mendoza abrió su propio gabinete ante la falta de ofertas laborales

La venezolana Neiri Mendoza abrió su propio gabinete ante la falta de ofertas laborales. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

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Jorge González Franco
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

La crisis laboral generada por la pandemia del coronavirus también alcanzó a los migrantes venezolanos en Ecuador.

La propagación del covid-19 generó dos escenarios entre los foráneos: la pérdida de empleos formales y la profundización de la informalidad.
Entre marzo y octubre de este año, se reportaron 3 098 actas de finiquito entre los venezolanos. Por su parte, los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo suman apenas 10 405 en todo Ecuador.

La cantidad actual de contratos muestra que la mayoría de ciudadanos de ese país están en la informalidad. Esto porque hasta agosto pasado,
57 552 extranjeros se reportaron como trabajadores en el registro biométrico que elaboró el Ministerio de Gobierno. Es decir, solo el 18% tendría un contrato formal.

Los datos del registro revelaron que los foráneos se ocupan, principalmente, en áreas relacionadas con comercio, comidas y bebidas, construcción, educación y belleza.

En muchos casos, la situación del trabajador empeora ya que, al no existir un contrato formal, se vulneran derechos como el salario mínimo, el cumplimiento de 40 horas de trabajo semanales o el acceso a la seguridad social.

En las áreas señaladas hay una oferta de empleo que se promociona en páginas de Internet con pagas diarias de entre USD 10 y 15, lo cual es ilegal.
Rafael Portilla, country manager de OLX para Ecuador y Perú, indicó que las provincias que concentran mayores ofertas de empleo en esa página de Internet son Pichincha y Guayas, seguidas de Azuay, Santo Domingo y Manabí.

Opinó que, considerando la situación no regulada en la que se encuentran muchos de los ciudadanos venezolanos que llegan a este país, optan por buscar empleos en plataformas donde las oportunidades son amplias y los requisitos varían de acuerdo con el tipo de empleo, que pueden ser formales o informales.

Asociaciones que agrupan a este colectivo extranjero encienden sus alarmas. Están expectantes ante la aprobación, en segundo debate, de la Ley de Movilidad Humana. En las reformas de esa normativa, en su artículo 31, se garantiza el derecho al trabajo y a la segu­ridad social.

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, explicó que no todos los informales trabajan en calles o semáforos, sino también en empresas y emprendimientos formales, pero no les otorgan contratos ni afiliación. “La pandemia agravó la situación, muchos formales fueron desvinculados”.

Regalado explicó que esperan conocer cómo la Ley de Movilidad Humana podrá derivar en acciones para evitar las vulneraciones de derechos.
Justamente Susana Sierralta, oriunda de Lara, decidió emprender para evitar la explotación laboral. Con un capital de USD 1 000 abrió una carreta en Sauces, Guayaquil, en la que ofrece productos alimenticios. Trabaja con otras dos personas de su nacionalidad.

“Cuando llegué a Ecuador conseguí empleo, pero había mucha informalidad, no se pagaban horas extras. Entonces decidí abrir mi propio negocio y estamos luchando contra la crisis de la pandemia para no cerrar”, contó.

Neiri Mendoza, de Maracaibo, también trata de mantener su gabinete de belleza. Da empleo a tres personas más. La mujer, que vive hace 4 años en Guayaquil, reconoce que no puede ofrecer un contrato fijo a sus colaboradores ante la “crítica situación” económica.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
una economía caracterizada por los altos niveles de informalidad, como la ecuatoriana, las personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en una situación particularmente vulnerable, debido a la pérdida de medios de vida y a que -en muchos casos- no tienen acceso a los servicios de protección social.

“Antes de la crisis económica provocada por la pandemia, los refugiados y los trabajadores migrantes ya eran más propensos a tener salarios inferiores en comparación con los trabajadores nacionales, lo cual los hace más vulnerables ante la pérdida de ingresos, el aumento del precio de los productos básicos y los gastos imprevistos de salud”.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, afirmó que se realizan inspecciones laborales en las que se verifica el cumplimiento de las obligaciones laborales y en el caso de no cumplirse, se emite la resolución de sanción correspondiente.

Así, desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre las inspecciones realizadas a nivel nacional ascienden a 7 551 y se han generado sanciones a 413 empleadores en el país.

Las principales causales detectadas contra patronos son por negar la inspección, no aportar al IESS, no pagar la remuneración, las utilidades o el decimotercer sueldo, además de no afiliar a trabajadores.

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