7 de agosto de 2019 00:00

Pamela Martínez intercedió por abogados particulares

El viernes pasado se realizó una de las diligencias en el caso Sobornos 2012-2016. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El viernes pasado se realizó una de las diligencias en el caso Sobornos 2012-2016. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Los datos que los peritos obtuvieron del celular de Pamela Martínez arrojan más pistas. Los expedientes judicializados muestran cómo abogados particulares recurrieron a la exasesora de Rafael Correa, por procesos en marcha.

En una conversación del 30 de enero del 2015 aparecen mensajes como este: “Mi querido Emiliano, he hecho lo humanamente posible para recomendar el caso de Marcelo. Me han asegurado que el fiscal del caso no lo acusará”. Los documentos dicen que se trata del diálogo con un abogado.

Dra. Pame, le quería contar que sobreseyeron a Marcelo. Muchas gracias por todo lo que hace”, le responde unos días después el jurista.

El proceso penal al que se refieren es un juicio por peculado en el Banco Nacional de Fomento. 10 funcionarios eran investigados, entre estos Marcelo M. Pero el 5 de febrero de ese año, una jueza lo sobreseyó. Así consta en los archivos de la Función Judicial.

El caso Sobornos 2012-2016


Los chats extraídos se encuentran en poder de la Fiscalía. Este miércoles 7 de agosto del 2019, la entidad presentará esta información en la Corte Nacional de Justicia, en donde pedirá que se vincule a 22 personas dentro del caso Sobornos 2012-2016. En esa lista aparece Correa, Jorge Glas. Walter Solís, Viviana Bonilla, Cristhian Viteri y empresarios.

En otra conversación, del 22 de diciembre del 2014, el mismo abogado le pide ayuda a Martínez sobre el caso de Charlotte Mazoyer, una joven vulcanóloga de Francia, que murió en el norte de Quito después de un violento asalto.

“Dra. Pame, ¿cómo está? Le cuento muy preocupado que acabo de salir de la Corte Nacional. Allí es un secreto a voces que (el juez) se va de la Corte, pero que no renuncia antes el 5 de enero, porque quiere ir despachando el tema de la clínica”, le dice el jurista a Martínez, en referencia al centro de salud que también fue señalado por esta muerte. Al final, el médico que atendió a la chica fue declarado inocente.

El abogado sigue y le indica haber recibido información de que dos magistrados han hecho un grupo para favorecer a los de la clínica “a cambio de USD 300 000”. Ella responde: “Ay, Dios mío, ya le voy a contar a Néstor”.

El 10 de enero del 2015 aparecen otra serie de chats entre Martínez y otro abogado particular. Le dice que la Subsecretaría de Minas interpuso un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional (CC).

Antes de que el jurista continúe con su relato, la hoy procesada le cuenta que está apenada, porque él no está al día en los pagos, como afiliado al Colegio de Abogados del Guayas, “por ende no habilitado para votar”.

En ese entonces, el esposo de Martínez había inscrito su candidatura para la segunda presidencia de ese gremio. El 2 de febrero del 2015 fue reelegido presidente del Colegio.

Luego de aclarar que sí estaba al día con los pagos, el abogado le dice que enviará el número del caso y ella responde que la acción de protección ya fue admitida. “¿Tú crees que pueden manejar el tema para un buen desenlace y qué tiempos serían más o menos?”, le pregunta.

Un día después, el jurista insiste: “Por favor, ayúdame con la copia de la admisión del caso y confirmándome si puedo comprometer la gestión”.

Ella no responde y el abogado vuelve sobre el tema el 25 de febrero del 2015. “Por favor, trata de pasarme el documento al correo, para que (los clientes) vean que sí podemos intervenir en la segunda parte del caso”. Martínez le dice que ya tiene el documento. Se lo hace llegar y él pregunta de forma indirecta: “¿Y la segunda parte...?”. “Depende de a quién le toque”, contesta Martínez.

Para el presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Paúl Jácome, todos los detalles encontrados hasta el momento demuestran la injerencia del correísmo en la justicia.

De hecho, los documentos judicializados muestran que los fallos aparentemente llegaban primer a manos de Martínez, que operaban en una oficina externa a la Presidencia.

Por eso, Jácome pidió copias de los correos y de los chats que pertenecerían a ella.

En un informe de 249 que fuera publicado entre finales del 2018 e inicios del 2019, la Mesa señala a operadores de justicia “que habrían cumplido un papel fundamental, al ser el instrumento a través del cual se penalizó la crítica al gobierno del expresidente Rafael Correa o a sus políticas”.

Pero también se indica que “el Gobierno anterior, entre el período 2007-2017, impulsó la política de persecución y criminalización de una manera sistemática, estructurada y contundente, con el apoyo del sistema de justicia”.

Por esos hechos, desde este lunes (5 de agosto) reposa en la Fiscalía una denuncia en contra de Correa, por presunta injerencia en la justicia. “Los casos judiciales se resolvían en el despacho de la Presidencia”, indica Jácome.

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