El Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador entregó el bono temporal a 109 000 personas en 5 días. Foto: Cortesía MIES
La pandemia del covid-19 cambió las prioridades económicas de los países de la región en cuestión de pocas semanas y obligó a los gobiernos a delinear medidas para hacer frente a los efectos de la crisis.
El Gobierno ecuatoriano ha tomado algunas medidas, pero aún no ha presentado un nuevo plan económico.
Esta semana está previsto que el Ejecutivo envíe a la Asamblea un proyecto de ley económico y laboral. “Se enfocará en garantizar que podamos hacerle frente a la otra cara de la crisis, que es la económica”, señaló el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de abril, en una cadena nacional.
Aunque no adelantó detalles del texto, aseguró que se defenderá el empleo, el emprendimiento y la dolarización.
Hasta ahora el Ejecutivo ha tomado varias medidas, entre ellas, un bono de USD 60 a familias vulnerables en los meses de abril y mayo; la banca pública ofrece créditos especiales, refinanciamiento y facilidades a empresarios y gobiernos locales; el Seguro Social aplazó por tres meses el pago de aportes para afiliados voluntarios; la CFN ofrecerá créditos a pymes para pagar sueldos (ver detalles en nota inferior) y otras obligaciones. Se difirieron algunos impuestos y se permitió que las empresas puedan modificar sus jornadas laborales.
El Gobierno espera la llegada de USD 2 000 millones de financiamiento externo en los próximos días para atender salud, alimentación, producción y fortalecer la dolarización.
A parte de esto, desde el sector privado también se implementan acciones para aliviar la carga económica de la población. Los bancos, por ejemplo, aplazan el cobro de cuotas.
El sector empresarial ha pedido, además, flexibilidad en el pago de aportes a la seguridad social y de las utilidades, ya que cerca del 70% del aparato productivo está paralizado.
El freno a las actividades económicas puede pasar una factura cara al país. Calificadoras de riesgo proyectan una contracción de cinco puntos del PIB en este año.
Frente a ello, un grupo de cinco economistas publicaron un plan dirigido al Gobierno para “hacer viable una cuarentena absoluta en el Ecuador” por 30 días sin destruir la economía. El texto está suscrito por José Castillo, Manuel González, José Lima, Francisco Rumbea, y Leonardo Sánchez.
Los expertos sugieren siete programas de respuesta rápida para garantizar que el encierro se cumpla con éxito.
Estos son adquirir 168 000 tests para detección de covid-19 mensuales, subsidiar por un mes los salarios que deban pagar las micro y pequeñas empresas, crear un fondo de garantías para créditos a mipymes y para capital de trabajo. Además, crear un seguro de cesantía de emergencia, ampliar el bono a USD 240 por seis meses e incorporar a 100 000 familias a este beneficio, un préstamo quirografario de emergencia. Finalmente, abastecer de forma gratuita de alimentos, agua y gas a familias que no se benefician de las ayudas anteriores.
El plan cuesta USD 5 500 millones que, según los economistas, se pueden obtener mediante la renegociación de la deuda externa, recursos de multilaterales y deuda interna.
Otros países de la región también delinearon programas para hacer frente a los efectos de la pandemia, que oscilan entre USD 2 000 y 36 000 millones. Un punto común en esos planes es la inyección directa de dinero a familias de bajos recursos.
Por ejemplo, en Colombia, los adultos mayores y beneficiarios de programas sociales recibirán una transferencia de dinero por dos meses.
Pero quizás el plan económico más ambicioso hasta ahora es el de Perú. La administración de Martín Vizcarra destinará USD 26 000 millones; es decir, una cifra equivalente al 12% de su PIB, para atender la emergencia, y gracias a sus ahorros acumulados por años y que suman 60 000 millones.
Un punto novedoso en este programa es la liberación de una parte de los fondos de reserva de los empleados en la seguridad social o en sistemas privados de aseguramiento.
Brasil aplicará un plan de USD 36 000 millones, que equivalen al 2% de su PIB.
En El Salvador se suspendieron por tres meses los pagos de servicios básicos, así como de Internet y televisión por cable. También se exoneraron pagos de impuestos a sectores afectados por pérdidas económicas.
Argentina, en cambio, postergó el pago de la deuda interna por USD 9 800 millones por la crisis fiscal, afectada ahora por la emergencia sanitaria.
Un informe de la Cepal, publicado el 3 de abril, señala que los efectos de la crisis del covid-19 provocarán en la región una caída del PIB de -1,8% y no descarta que llegue a ser de -3% u -4%, o incluso mayor.
EL COMERCIO
MÁS SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA