Imagen referencial. Estudiantes de Colegio de Quito. Padres de familia informan que algunas instituciones educativas sí aplicaron el aumento en las matrículas. Foto: Diego Pallero/ Archivo EL COMERCIO.
“Como es de su conocimiento, el 9 de julio de este año, a través de la resolución… de la Junta Distrital Reguladora de Costos de la Educación se autorizó un incremento del 10% en pensiones y matrículas en este centro educativo”. Eso se lee en el primer párrafo de un comunicado emitido por un plantel particular de uno de los valles de Quito.
En la circular, enviada a los padres de familia, se indica que el aumento en pensiones y matrículas se autorizó “luego de un detenido análisis y en apego al procedimiento legal, considerando relevantes inversiones realizadas por esta institución en los últimos años”.
Por eso, pese a recordarles que el 27 de agosto, el presidente Lenín Moreno derogó las autorizaciones para el aumento de pensiones y matrículas en el ciclo 2019-2020, les dicen que deben pagar el dinero extra. Eso, les puntualizan, hasta que “el Ministerio de Educación no emita una resolución legal por escrito, que sea entregada y comunicada a cada institución educativa, por los canales normativos”. Mientras, “la resolución del alza de pensiones de julio del 2019 continúa vigente”.
Madres y padres de familia de alumnos de colegios privados de Quito, consultados por EL COMERCIO, permanecen a la espera de saber cuánto tendrán que pagar por las pensiones de sus hijos, que estudian en colegios privados y fiscomisionales, luego de la disposición dada por el Primer Mandatario.
Antes de la decisión de Moreno, padres de familia que prefieren mantener sus nombres bajo reserva habían sido informados de incrementos en las pensiones. Pero luego del anuncio recibieron comunicaciones por parte de los colegios, en los que no se habla de devoluciones ni de cancelación de los incrementos.
Un padre de familia tenía que pagar USD 6 más por cada uno de sus dos hijos, que estudian en un colegio privado de Sangolquí. Luego de la disposición de que no se pueden subir las pensiones –cuenta el padre– en la Secretaría del centro colocaron un comunicado en el que informaron que el incremento ya no se daría desde el inicio de este ciclo lectivo sino desde enero del 2020, “por disposición del Distrito”.
Al momento, el representante de los chicos canceló el mismo valor del año escolar anterior y se mantiene con la expectativa de conocer si los colegios pueden realizar los incrementos en enero. Desde ese mes, según le indicaron en la institución de sus hijos, debería pasar de pagar USD 275 a 300 por ambos chicos.
En un plantel privado de Cumbayá también se anunció el incremento del 3% en la pensión. Luego se informó a los padres de familia, por medio de un correo electrónico, que el colegio acatará cualquier disposición, pero con una notificación oficial, relató una madre de la institución. “Al momento no nos han cobrado ni enviado el dato de los valores a pagar”.
En espera también está otra madre de familia de un colegio privado de Quito. No sabe si habrá incremento o no en las pensiones, por lo que ha revisado el dato en el portal del colegio en su banco, para hacer la transferencia, pero –cuenta– esta no ha sido subida todavía. El plazo máximo de pago es hasta el 10 de cada mes, por lo que espera que mañana, miércoles 4 de septiembre, en el primer día de clases, le den una información oficial.
El congelamiento de las pensiones se anunció pese a que en julio se había autorizado el incremento de hasta 10% en 1 336 instituciones educativas privadas. La ministra de Educación, Monserrat Creamer, ordenó la derogación de esos procesos para dar cumplimiento a la disposición presidencial.
Luego del anuncio, gremios integrados por rectores y representantes de planteles privados como Fedepal, Crecipe, Confedec y Corpeducar manifestaron su inconformidad. Aseguraron que ya planificaron presupuestos con el incremento aprobado en julio. Eso incluye contratación de nuevo personal, aumentos de sueldos a profesores, etc.
Ayer, lunes 2 de septiembre, estos gremios se reunieron con la ministra Creamer y con el asesor presidencial Santiago Cuesta para tratar el tema, según datos de los gremios. No anunciaron ningún acuerdo. Sin embargo, la titular de Educación dijo que el pedido del Presidente Moreno se mantiene, así como sus propias disposiciones, entre las cuales está la derogación de las autorizaciones de incremento y la devolución del excedente cobrado a los padres de familia.
“Vamos a dialogar, pero hay que pensar en el bolsillo del ecuatoriano. El clamor de padres y madres fue grande y sentido; apelo a su sensibilidad y corresponsabilidad para que den ejemplo de respeto, acatando mis disposiciones”, dijo Lenín Moreno, el lunes 2 de septiembre.