Padres y colegios privados buscan negociar el valor de las pensiones
Padres de familia y estudiantes se alistan para empezar el nuevo año escolar desde sus casas.
Padres o representantes de un plantel particular del sur de Quito tienen hasta mañana para matricular a sus hijos en el ciclo 2020-2021, que arranca el 1 de septiembre de 2020 en Sierra y Amazonía, desde casa. “Estamos desesperados porque no tenemos dinero”, contó Milton G., padre de familia.
El mismo drama atraviesan otros que han protestado para pedir rebajas en las pensiones. Milton asegura que en su caso no le dieron ningún descuento. Además de la pensión de USD 83,91 dice que debe pagar 18 al comité de padres de familia; 11,53 por un seguro y 15,30 más por la plataforma virtual.
En cambio, Gabriela C. decidió matricular a su hija para que continúe el primero de Bachillerato en su colegio católico de Quito. Intentó, sin éxito, conseguir una rebaja mayor al 10% que se ofreció a todos los padres. Ella se quedó sin ingresos por la crisis.
Las matrículas continúan abiertas en instituciones particulares y fiscomisionales hasta el final de este mes; por eso los acuerdos de reducción de pensiones siguen en marcha.
En el caso de los planteles religiosos, Rómulo López, representante de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), calcula que hasta el momento se ha resuelto el 90% de las solicitudes de rebaja presentadas; estas se han otorgado a entre un 15 y 20% de padres de alumnos matriculados, precisó.
El Ministerio de Educación recepta actualmente formularios en los que cada plantel particular y fiscomisional detalla los descuentos que aplica en matrícula y colegiatura, además de otras facilidades de pago para las familias que rigen en el ciclo 2020-2021.
Hasta ayer fueron publicados los de las zonas 1 a la 6, con corte al 5 de agosto, pero falta la información de la zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) y las dos que incluyen a las ciudades más grandes: la 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) y la 9 (Distrito Metropolitano de Quito).
En la zona 2 (Pichincha excepto Quito, Napo y Orellana), por ejemplo, se fijó algún tipo de descuento a 21 694 estudiantes. En la ficha se indica el porcentaje de reducción en matrículas y pensiones por nivel educativo y el mecanismo de aplicación de la misma.
En el régimen Sierra y Amazonía finalizaron el ciclo anterior 1,9 millones de estudiantes, de los cuales 340 968 estaban en centros particulares y 157 685 asistieron a planteles fiscomisionales.
Los reportes de las seis primeras zonas educativas, en las que se incluyen seis provincias de la Costa más Galápagos, muestran reducciones para 146 350 alumnos.
En Quito, no todos los colegios han recibido el formulario ni han enviado el reporte a Educación. Sin embargo, Vinicio Aldaz, representante de Corpeducar, gremio que agrupa a centros particulares con pensiones de entre USD 400 y 600, asegura que la mayoría de sus miembros ya ha dado los descuentos que estipula la Ley de Apoyo Humanitario.
Muchos planteles -señaló Aldaz- otorgaron una reducción general y, además, analizan casos particulares. La norma establece descuentos de hasta el 25% para quienes demuestren haber perdido el trabajo o sufrido reducciones en sus salarios.
Además, Aldaz enfatizó en que los descuentos se realizan de acuerdo con la realidad económica de cada plantel. Los de Corpeducar -agregó- mantienen una cartera vencida de entre 15 y 22%. Los centros católicos de la Sierra finalizaron el ciclo anterior con una morosidad de hasta 50%, dijo Rómulo López, de Confedec.
Los requisitos para acceder a reducciones dependen de cada institución, confirmó la ministra de Educación, Monserrat Creamer, quien semanas atrás insistió ante la Asamblea Nacional en la importancia de que las instituciones lleguen a acuerdos con los padres de familia. Unos 56 000 alumnos de colegios particulares se han cambiado a centros fiscales.
Padres de familia de un plantel particular de Quito manifestaron su inconformidad por los 16 requisitos que pedía la institución. Entre otras cosas, se solicitan registros migratorios, estados de cuenta y copias de matrículas de vehículos. Rómulo López, de Confedec, aclaró que no hay una lista estandarizada.
En el Liceo del Valle, por ejemplo, los padres que requieren un descuento adicional al ya establecido por la institución llenan un formulario con una proyección de ingresos y gastos y sustentan esos datos con un documento, que puede ser un certificado de ingresos. El centro Ángel Polibio Chaves (APCH) otorga un descuento del 15% en el tercer hijo y el mismo porcentaje por pagar la pensión en los 10 primeros días de cada mes. Además, en cumplimiento con la Ley de Apoyo Humanitario, hace rebajas de hasta el 25%.
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