30 de octubre de 2019 20:29

Pachakutik y FUT rechazaron en Comisión de Asamblea que se los tilde de 'golpistas'

El presidente del FUT, Mesías Tatamuez, brinden su versión de los hechos ocurridos durante el paro nacional en la Comisión. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional

El presidente del FUT, Mesías Tatamuez, brinden su versión de los hechos ocurridos durante el paro nacional en la Comisión. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional

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Roger Velez

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El coordinador del movimiento indígena Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) comparecieron hoy, miércoles 30 de octubre del 2019, a la Comisión legislativa especial que investiga los hechos relacionados con las protestas del 3 al 13 de octubre.

Tanto Santi como el presidente del FUT, Mesías Tatamuez, enfatizaron que no buscaron un golpe de Estado al haber liderado las protestas contra el Decreto 883 con el que el Gobierno eliminó el subsidio a la gasolina, que terminó por derogar.

Ambos atribuyeron las manifestaciones a que dicha medida fue aplicada de manera inconsulta. Santi cuestionó la “falta de mediación de la Asamblea” en el conflicto y demandó que no quede en la impunidad la muerte de 11 personas durante las manifestaciones.

El dirigente rechazó los procesos judiciales que se siguen en contra del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, tras las protestas. Aseveró que se pretende hacer lo mismo en contra de los prefectos de Cotopaxi y Napo, y dos alcaldes de las filas de Pachakutik.

“De terroristas pasamos a ser insurgentes”, añadió, tras hacer un repaso de las movilizaciones indígenas que se han dado en el país desde 1990 y la década del expresidente Rafael Correa, en la que algunos de sus dirigentes fueron judicializados.

“Esta movilización se dio porque nuestros derechos fueron afectados. No fue pagada por nadie. Salimos por obligación moral”, remarcó Santi, al ser consultado por el legislador socialcristiano César Rohón acerca de “quién pagó” esta medida.

En la mesa se dio una discusión entre los asambleístas Rohón y Jaime Olivo, de Pachakutik, cuando el socialcristiano increpó a Santi si Pachakutik asume la responsabilidad de los hechos que se dieron durante las protestas.

Santi respondió que “no” y adujo que los dirigentes no dieron órdenes para que se cerraran pozos petroleros en la Amazonía o se suspendiera el servicio de agua potable para Ambato, aunque Rohón recordó que estas fueron arengas de los dirigentes.

“No tenemos jerarquía piramidal. Lo nuestro es circular. Las acciones que se dieron fueron porque ya estamos cansados de que se facture todo a nosotros”, adujo Santi, mientras que Olivo enfatizó que la Comisión legislativa “no es un tribunal”.

La asambleísta del correísmo Doris Solis, otra de las integrantes de la Comisión, también increpó a Rohón luego de que él consultara a los dirigentes del FUT si tuvieron alguna relación con el correísmo durante las protestas, algo que ellos negaron.

Solis exhortó al socialcristiano a que presente denuncias a la Fiscalía si tiene pruebas de que el correísmo sería el responsable de los actos vandálicos. El Presidente del FUT remarcó que la violencia no salió de su gremio ni de la Conaie, sino de los decretos que emitió el Ejecutivo.

A la Comisión también acudieron dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios (Feue), la Unión de Educadores (Une), quienes denunciaron casos de represión durante las protestas.

Mauricio Chiluisa, uno de ellos, acusó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de haber dado la orden a la Policía de lanzar gas lacrimógeno a una universidad donde se refugiaban los manifestantes. El presidente de la Comisión, Fernando Burbano, le exigió que presente pruebas.

Después de casi cuatro horas de comparecencias, en donde la primera en entregar su informe fue la Defensoría del Pueblo, Burbano informó que la próxima semana llamará a autoridades del Gobierno para que entreguen sus versiones.

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