Ministra María Paula Romo durante su comparecencia en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, este miércoles 23 de octubre del 2019. Foto: Cortesía Ministerio de Gobierno
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó a la Comisión de Soberanía de la Asamblea un informe preliminar sobre las manifestaciones que vivió el país entre el 3 y el 13 de octubre.
Romo aseveró este 23 de octubre del 2019 que por parte del Ejecutivo no se manejó el escenario de un golpe de Estado, pero advirtió que detrás de “la violencia sin precedentes” en las protestas, que incluyó una “guerra en redes sociales“, se pretendió desestabilizar a la institucionalidad pública y a generar impunidad.
En este sentido aludió al ataque a la sede de la Contraloría General del Estado y a las amenazas que tuvieron otras instituciones como la Asamblea o la Fiscalía, en momentos que se investigan actos de corrupción por parte de exfuncionarios del anterior Gobierno, como el exvicepresidente Jorge Glas.
“Más allá de un llamado de atención social, hubo una coordinación planificada de ataques a fuentes de agua, a instalaciones petroleras, a cuarteles militares y policiales, a medios de comunicación, a sitios estratégicos“, enumeró.
La Secretaria de Estado refutó los informes de organismos como la Defensoría del Pueblo que acusan a la Policía de un uso excesivo de la fuerza y que refieren que hubo 10 muertes en las manifestaciones.
“En términos generales la actuación de la Policía fue la correcta, cumplió con su deber”, dijo tras agregar que si en alguno no se cumplió con los protocolos establecidos debió ser “excepcional” y será investigado.
También descartó que los agentes se hayan infiltrado en las manifestaciones, como mencionó Encarnación Duchi, asambleísta de Pachakutik, una de las integrantes de la Comisión.
En el informe, Romo no incluyó una cifra de personas fallecidas durante las manifestaciones, sin embargo advirtió que el informe de la Defensoría podrían haber inconsistencias.
Enfatizó que la Policía no usó armas letales para repeler las protestas, aún cuando la vida de algunos gendarmes estuvo en riesgo.
Para Romo, las muertes a las que alude la Defensoría se dieron “en el contexto” de las protestas como la de un hombre que fue arrollado por un carro en Azuay al tratar de eludir una manifestación, o la de un joven que fue golpeado por un grupo de vecinos para evitar ser víctimas de saqueos.
La funcionaria argumentó que dos hombres que murieron en un puente de San Roque, en el centro de Quito, no fueron empujados por agentes, sino que cayeron al tratar de saltar sobre una puerta en el lugar.
En el caso de la aplicación del art 164 de la Constitución sobre el estado de excepción que se decretó en estos días, la funcionaria dijo que no se pretendió interrumpir o suspender las funciones de otros poderes del Estado. Sostuvo que fue una medida apropiada y proporcional para manejar el conflicto.
Durante su comparecencia, que duró alrededor de dos horas, Romo dijo que los días más críticos de las protestas se dieron entre el 11 y el 12 de octubre, cuando se dieron saqueos incluso a una Embajada, la retención de 10 policías y 31 periodistas en la Casa de la Cultura y el incendio a la sede de la Contraloría que empezó en el quinto piso, en donde funciona el departamento de responsabilidades.
En el balance habló de 1 507 heridos durante las protestas (71% en Pichincha), 400 policías y militares secuestrados, 1 300 turistas atrapados en varias localidades.
También dijo que se reportaron 290 vuelos cancelados, cierres en 94 ejes viales, ataques a 48 ambulancias y a 26 unidades de Policía Comunitaria. Señaló que en este caso no fueron respetadas ni las reglas que se aplican en una guerra.
Romo precisó que todavía no se tiene “una cifra exacta” de las pérdidas ocasionadas por las manifestaciones. Sin embargo, precisó que solo en el sector petrolero superan los USD 87 millones.
A su vez, justificó la detención de 1 382 personas para ser investigadas por delitos como ataque y resistencia, instigación, destrucción de bienes, terrorismo.
En la Comisión hubo criterios divididos entre los asambleístas del correísmo y de Pachakutik. “¿Qué tipo de democracia se está aplicando en el país?”, increpó Encarnación Duchi, de PK, quien pidió a Romo que no se presenten denuncias por actos como la retención de policías.
Sin embargo, Romo ratificó que no habrá impunidad y dijo que se necesita “verdad” para mantener la paz en Ecuador. “No habrá persecución. Pero quienes han cometido alguna alguna falta deben ser puestos a órdenes de la justicia“, apuntó.
Los correístas Esther Cuesta y Augusto Espinosa negaron que su grupo haya intentado dar un golpe de Estado. A ellos se sumó José Agualsaca, alterno de Gabriela Rivadeneira, quien defendió la movilización indígena.
Romo llego acompañada del mando policial y también del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrin, quien al cierre de esta edición también tenía previsto presentar un informe. Antes de concluir, resaltó un comunicado divulgado este miércoles por la OEA en el que se acusa a Venezuela y Cuba de haber financiado o promovido la crisis en Ecuador.