22 de agosto de 2019 20:50

Pablo Chambers luchó seis años por su libertad

Pablo Chambers recibió el indulto presidencial de Lenín Moreno el 5 de agosto del 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Pablo Chambers recibió el indulto presidencial de Lenín Moreno el 5 de agosto del 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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La última vez que vio a su padre fue el 17 de septiembre de 2017 en un ataúd rodeado de flores blancas y velas. Pablo Chambers recibió una llamada donde le informaron que su padre había fallecido a causa de un paro respiratorio. Al escuchar esta triste noticia no le importó la orden de captura en su contra y viajó desde Guayaquil a Quito para despedirse de él.

Cuando llegó al funeral escuchó murmullos. Caminó hacia el féretro y permaneció solo diez minutos, sin hablar y lloró.

En medio del dolor, sus familiares le pidieron que se retirara para evitar que fuera detenido.

Casi dos años después, Chambers dice que eso marcó su vida. “No pude verlo con vida. La relación que teníamos era muy buena, el mejor papá. Son cosas que no se olvidan, hubiera querido estar con él”.

“Yo me sentí abusado, no perseguido. Nosotros estábamos persiguiendo al delincuente”, dice Chambers, procesado por Rafael Correa, quien para negar que conocía de los millonarios contratos otorgados por el Estado a su hermano Fabricio Correa, nombró una comisión.

Chambers fue miembro de ese equipo, que luego de revisar los contratos emitió un informe que puso en evidencia el alcance de esa asignación de recursos públicos, lo que fue un revés político para el entonces Presidente de la República.

El padre de Pablo Chambers nunca quiso que su hijo fuera parte del equipo de investigación de la corrupción, porque era testigo de los abusos que recibía su hijo a diario. “Él me decía, Pablo tú no tenías necesidad de nada, pero yo quería saber qué pasaba. Era una lucha que él no comprendía”, recuerda.

El 14 de agosto del 2009, Pablo Chambers, entonces presidente de la Comisión que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado, entregó un informe de actividades a quienes se desempeñaban como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana

El 14 de agosto del 2009, Pablo Chambers, entonces presidente de la Comisión que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado, entregó un informe de actividades a quienes se desempeñaban como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en ese año. Foto: Archivo/ EL COMERCIO


La salud de su padre empeoró cuando supo que el expresidente de la República, Rafael Correa, planteó una denuncia en su contra. Fue en el 2012 que lo acusó por el delito de falso testimonio, luego de que él y otros tres veedores revelaran que el exmandatario conocía de los contratos públicos de su hermano Fabricio Correa.

Así mismo su madre, de 86 años, se enteró de las acusaciones que tenía su hijo y habló con él para conocer cuáles eran las consecuencias a las que se enfrentaría. En ese momento Chambers pensó en salir del país y viajar a Canadá para evitar que su familia sufriera. Pero su madre lo miró fijamente a los ojos, pasó su mano por su rostro y le dijo: “Ningún hijo mío huye”. Esa frase le dio fuerzas para no escapar y demostrar su inocencia.

Durante seis años Chambers era obligado a presentarse ante un juez en Quito. Cada 15 días viajaba desde Guayaquil, lugar donde reside en la actualidad.

Estos gastos se sumaron a los juicios y abogados, generándole una pérdida de USD 200 000. Su vida laboral y personal se vio afectada porque varios amigos y colegas le dieron la espalda para evitar problemas con el Gobierno pasado.

“Todavía hay secuelas de esto. Nadie quería trabajar con Pablo Chambers, pero recibí respaldo de amigos en Guayaquil y Quito”.

Durante un año y medio pidió la prescripción de la pena que le impuso el Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha pero nunca recibió respuesta. Debía guardar prisión un año.

Todavía recuerda el 4 de agosto de 2019 cuando fue detenido en la provincia de Bolívar y trasladado a la Unidad de Flagrancia de Quito. Cuando sintió las esposas en sus manos pensó que la injusticia había triunfado y simplemente se rindió. Las noticias que circulaban sobre su arresto en las redes sociales y medios de comunicación llegaron a los oídos de su madre y amigos, quienes fueron a verlo de inmediato.

Un día después de su arresto, el presidente Lenín Moreno otorgó un indulto presidencial. Él agradeció el gesto del Primer Mandatario, pero le dijo a su familia que no podía aceptarlo porque sentía que si lo hacía estaba reconociendo que era culpable. Ante esta firme decisión su madre le pidió llorando que aceptara el indulto. Ante ese desconsuelo, Chambers no dudó y aceptó.

Sin embargo, el 6 de agosto el indulto fue innecesario porque la pena impuesta al exveedor estaba prescrita. Esta decisión la tomó el Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha, la misma entidad que no le había dado respuesta a sus contantes peticiones.

Ahora Chambers prepara un juicio contra los jueces que lo acusaron de "odiar" al expresidente Correa. "Cuatro personas firmamos el informe, pero a dos de nosotros nos declaran culpables. Se decía que habían obligado a las personas a firmar el documento". El otro exveedor de los contratos de Fabricio Correa fue Gerardo Portillo.

Además, comenzará una cruzada para las personas que están en juicio coactivo, desde su oficia en la urbe porteña. Los afectados podrán escribir al correo desarmemoselabuso@gmail.com "Vamos a desarmar el abuso. Es una locura que una persona no pueda salir del país porque no me ha pagado el teléfono”, dice Chambers indignado.

Durante una rueda de prensa la mañana de este martes 20 de agosto, también cuestionó que no se haya investigado a Fabricio Correa por los contratos y préstamos a entidades estatales por más de USD 420 millones. Cree que deben "ser devueltos" al Estado. Chambers asegura que ha presentado documentos a la Fiscalía para que comiencen a las investigaciones.

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