Se instaló audiencia de formulación de cargos en contra del contralor Pablo Celi y 8 personas más por presunta delincuencia organizada

Las personas detenidas  durante los allanamientos fueron trasladados hasta la Corte Nacional la noche de este martes 13 de abril del 2021. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Las personas detenidas durante los allanamientos fueron trasladados hasta la Corte Nacional la noche de este martes 13 de abril del 2021. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Las personas detenidas durante los allanamientos fueron trasladados hasta la Corte Nacional la noche de este martes 13 de abril del 2021. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La noche de este 13 de abril del 2021, el juez Felipe Córdova instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del contralor general, Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones y siete personas más por una trama de corrupción.

La diligencia arrancó a las 19:10 en las instalaciones de la Corte Nacional, en el norte de Quito. La Fiscalía señala a las nueve personas por presunta delincuencia organizada.

Este delito es sancionado con cárcel de siete a 10 años. Así lo establece el artículo 369 del Código Integral Penal.

En esta audiencia está previsto que la fiscal general, Diana Salazar, procese penalmente a las nueve personas. El juez también debe decidir si les dicta prisión preventiva u otras medidas alternativas.

Celi y los otros fueron detenidos la madrugada de este 13 de abril del 2021 tras 25 allanamientos ejecutados por la Fiscalía y Policía en Quito y Guayaquil.

Según la Fiscalía, estos operativos se realizaron en el marco de una investigación abierta en junio de 2019, por presuntos actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y Secretaría de la Presidencia.

Este caso comenzó con la indagación penal contra el sobrino de Celi y exfuncionario de Petroecuador, Raúl de la Torre. Él fue procesado en Estados Unidos por el delito de lavado de activos.

Según la Fiscalía de ese país, De la Torre conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del gobierno de Ecuador para recibir USD 3,1 millones en sobornos a cambio de que una compañía obtenga y mantenga contratos con la estatal petrolera.