Pabel Muñoz, Secretario Naciona de Planificación. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO
¿Cómo entender que los impuestos a la herencia y a la plusvalía, que generan ingresos mínimos al presupuesto, sean herramientas para la redistribución?
Las políticas impositivas tienen tres elementos: fines recaudatorios que buscan generar más ingresos; cambiar hábitos, que no sean vilipendiados ciertos recursos; y las que tienen la tarea de ser mensajes sociales que buscan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Estas dos leyes van en este último sentido.
Entonces, habría que entender qué significa para el Gobierno la equidad y la justicia social, temas del diálogo nacional.
Tenemos un problema a nivel global con la desigualdad social. Como dice Joseph Stigliz: el 1% tiene lo que necesita el 99%. Ese 1% no se da cuenta que su propio bienestar depende de cómo vive el 99%. El 1% más rico concentra el 48% de la riqueza mundial y el 99% debe repartirse el 52%. Si bien hemos atacado la concentración del ingreso, hay que tener conciencia que lo hacemos en el continente más inequitativo del mundo.
¿Cuánto pesa un país tan pequeño en esa lógica global?
No ataca la realidad global en la que hay altos niveles de concentración. No estamos estigmatizando la riqueza. Lo que se pone en discusión es cómo avanzar hacia una sociedad más equitativa que genere más trabajo, más producción, más riqueza, que pueda repartirse mejor.
Los empresarios han cuestionado que cuando se llevaba adelante el diálogo se generó esta desconfianza.
Demostramos en marzo una disposición al diálogo. Ellos pusieron 37 puntos. El diálogo debería seguir y restablecer la confianza si ha sido afectada. Si ese sector no cree que estas leyes sean redistributivas, ¿qué propone? Eso se puede discutir, pero necesitamos un ejercicio de corresponsabilidad.
¿Cómo llevar adelante el diálogo para que sea creíble?
Es falso que queremos ganar tempo. Dicen que se va el Papa y meteremos las mismas leyes. No es así. Las leyes y otros elementos estarán subsumidos al diálogo. Tiene tres etapas: la primera, escuchar y recibir propuestas en el marco de la equidad y la justicia social desde los ministerios, que tienen los consejos sectoriales ciudadanos. En la segunda etapa, Senplades sistematizará. El tercer momento será la devolución y consecución de los acuerdos.
¿Qué otros temas entran en el diálogo nacional?
Pueden aparecer algunos. La próxima semana nos reuniremos con el sector de la economía social. Crédito, trámites, aumento de compras públicas, son algunos temas; con el sector financiero bancario esperamos tener elementos de debate.
¿Por qué estas leyes llegan en un momento económico complicado?
Por más complicado que sea, nunca hemos resignado nuestros principios. Seguramente faltó informar, pero también se aprovechó esa desinformación. En las marchas se vio gente descontenta, pero mucho más gente desinformada. Lo terrible es que la gente desinformada fue utilizada por sectores desestabilizadores.
¿De verdad cree que hubo el anhelo de romper el orden democrático?
Es una locura. Pero deben elaborar propuestas, que trabajen en un plan de gobierno. Vamos a conversar con todos los sectores, pero con los desestabilizadores y golpistas, nos veremos en las elecciones del 2017.
¿Cuál es la medida para identificar como desestabilizadores a quienes formaron parte de una movilización que sí provocó un efecto en el Gobierno?
Ahí esta la silla y la invitación. Al que las ocupa, la gente dirá que quiere dialogar; al que no, que no quiere. En lo político, están claramente identificados los que quieren desestabilizar.
Hasta la evaluación de los diálogos en septiembre, va a haber incertidumbre…
Yo le digo a la ciudadanía que recupere la tranquilidad, que volvamos a tener una sociedad activa, que sigamos con nuestro dinamismo productivo, porque el diálogo será positivo. Es una pésima costumbre de los ecuatorianos utilizar las leyes de manera perversa. Se les dice que contiene algo, pero cuando se les pregunta dónde está, no pueden contestar…
¿Una errática comunicación del Gobierno?
Seguramente nos faltó informar mejor.
¿Quién tiene esa responsabilidad?
Los que tienen la rectoría sobre cada tema.
El Gobierno invierte mucho en comunicación, pero siempre que hay malestar con alguna ley dice que es por desconocimiento y mala información…
Hay un problema de cultura política con las leyes. Los ecuatorianos queremos que todo esté en la ley y que solucione todo. Encontramos todas las ventajas y todos los perjuicios de la ley. Hay que trabajar una mejor pedagogía. No todo tiene que estar dentro de la ley; estas deben hablarnos de grandes principios y las política públicas deben aterrizarlas. Si nos faltó una comunicación, aprovechemos para entender qué quiere la gente y juntos reafirmemos principios: equidad y justicia.
¿Pueden entrar otras demandas, como las enmiendas, la reelección?
Hay que tener cuidado: hablar de todo es hablar de nada. Las enmiendas están en la Asamblea. No sería prudente que desde el Ejecutivo se converse de tareas que están en otra Función del Estado.
¿Dialogarán con los partidos opositores? ¿Con Lasso u otros?
Con los que tengan el espíritu propositivo. Con Lasso podemos debatir porque él representa un tipo de visión que no compartimos.