Los accidentes de tránsito merecen ser tratados como un asunto de seguridad pública, de la misma forma en que han sido tratados los homicidios. Este fin de año es de luto para las familias de 13 pasajeros fallecidos en Morona y este 31 de diciembre las estadísticas podrían aumentar.
Entre enero y octubre se registraron 32 186 siniestros de tránsito en Ecuador, 46% más que los reportados en igual período del 2013 (21 947 accidentes contabilizó ese año el Ministerio de Transporte). Los fallecidos también aumentaron de 1 831 el año pasado a 1 920 en 2014.
En Ecuador hay más muertes por tránsito que por crímenes. Quito registró 282 fallecidos por accidentes viales de enero a noviembre (en ese período del 2013 hubo 274), frente a 142 crímenes en el mismo lapso (176 el año pasado), según el Observatorio Metropolitano de Seguridad.
La tasa de homicidios se redujo, según el Gobierno en casi 10 puntos desde el 2009. El cambio de la doctrina policial, la inversión en el sistema ECU-911 con cámaras de videovigilancia en el espacio público, la desarticulación de bandas, la reforma constitucional para suprimir la liberación de prisioneros sin sentencia pudieron incidir en esa data.
Pero, ¿y la estrategia para reducir las muertes en las vías? La reasignación de competencias a los municipios, la formación de nuevos agentes y las reformas legales -como aquella que elimina la obligatoriedad de asistir a una escuela privada para hacerse de una licencia de conducción- son medidas insuficientes. Este Gobierno creó una Ley de Tránsito y la cambia cada año.
La pirotecnia legal no alcanza, más si se acompaña de innecesarias fricciones políticas. Se precisa educación vial. El tema debe ser parte de la cotidianidad en la escuela y en la casa. De hecho, el Ejecutivo podría usar los recursos de la propaganda para crear, posicionar y sostener una campaña de no violencia vial.
¿Qué se requiere para dirigir los recursos de todos a una política pública? ¿Cuántas muertes faltan para la sensatez?