Los enfrentamientos son constantes entre la policÃa de Israel y los palestinos por la ocupación de los hebreos de las tierras privadas de Palestina. La expropiación fue condenada por la ONU. Foto: AFP
El relator de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, acusó hoy 21 de noviembre del 2016 al Parlamento de Israel de querer “robar” propiedad privada de los palestinos al aprobar un proyecto de ley para legalizar los asentamientos judÃos en esos territorios.
“La Knesset (Parlamento israelÃ) no deberÃa dar luz verde al robo al cambiar la ley”, consideró Lynk en un comunicado.
El relator se mostró “profundamente preocupado” por el proyecto de ley -aprobado en primera lectura en el Parlamento el pasado 16 de noviembre- de legalizar más de 100 asentamientos judÃos temporales establecidos ilegalmente en tierras privadas palestinas en Cisjordania, en contra de las órdenes del Tribunal Supremo israelÃ.
Hasta ahora, esas colonias son consideradas ilegales para la ley israelà y “su legalización retroactiva será otro tornillo en el ataúd de la solución de dos Estados”, se lamentó el experto.
El proyecto de ley promovido por el Ejecutivo del primer ministro israelÃ, Benjamin Netanyahu, intenta, entre otras cuestiones, impedir la evacuación a finales de año del “protoasentamiento” de Amoná, en Cisjordania, como ha establecido el Tribunal Supremo israelà tras dictaminar que está construido en tierra palestina privada.
La legislación israelà prohÃbe la expropiación de tierras privadas, con o sin indemnización -como prevé la nueva ley-, de forma que considera ilegales las colonias que se han levantado de este modo, como el de Amoná, mientras que para el derecho internacional todos los asentamientos judÃos en el territorio ocupado por Israel en 1967 son ilegales.
Link advirtió de que, si el borrador de ley se adopta definitivamente, permitirá que el Estado israelà se apropie de tierra privada palestina y la regularizará para que la usen los colonos judÃos, algo prohibido por la ley internacional.
Asimismo, recordó que la Corte Suprema israelà ha dictaminado en diversas ocasiones que la confiscación de tierra privada palestina era contraria a la ley del Estado hebreo, y que la anunciada compensación a sus legÃtimos propietarios no mitigaba la violación de la ley.
“Estos asentamientos socavan el derecho de los palestinos a la autodeterminación; violan sus derechos a la propiedad, libertad de movimientos y de desarrollo; les sigue confinando en porciones de territorio cada vez más pequeñas y no contiguas en su propio territorio”, indicó.
Lynk recordó que un poder ocupante no puede transferir su población civil al territorio ocupado y que esta medida viola la cuarta Convención de Ginebra, asà como múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad.
El relator alertó de que varios miembros del Ejecutivo hebreo estén activamente promoviendo dicha legalización y otras anexiones en Cisjordania, y no acatando la sentencia del Tribunal Supremo que pidió la evacuación de Amona antes del 25 de diciembre.
“La comunidad internacional debe ser muy clara con el Gobierno de Israel. La anexión de territorio ocupado serÃa una profunda violación de la ley internacional. Si Israel procede, la comunidad internacional deberÃa estar preparada no solo para condenar esta acción, sino también para adoptar medidas adecuadas para revertir estas violaciones”, concluyó Lynk.