Carlos Baca, consejero de Gobierno y Bolívar Silva, representante de los oficiales en Issfa. Fotos: EL COMERCIO
La noticia se confirmó en la mañana. El contraalmirante Freddy García dejaba la Dirección del Issfa (seguro militar) y en su puesto fue nombrado el brigadier general de la FAE Juan Vivero. En la cuenta oficial del Ministerio de Defensa se utilizó el término “sustituido” para mencionar el cambio. Y señaló que García retoma las actividades castrenses.
El jueves, en entrevista con EL COMERCIO, el ministro Fernando Cordero habló de García y señaló que no hizo mayor cosa para destrabar la polémica en torno a la venta de terrenos al Ministerio del Ambiente.
“Dijo que iba a darse un perjuicio al patrimonio del Issfa y una serie de cosas. Pero le pedí documentación. Entonces, ¿qué ha hecho en síntesis? En mi opinión no ha hecho nada. Han pasado 80 días y el señor Fredy García, director del Issfa, no ha hecho absolutamente nada”.
Ayer 11 de febrero del 2016, el Ministro de Defensa aclaró que la salida del oficial se debe a los cambios en el orgánico militar tras el relevo de la cúpula, según publicó la agencia oficial Andes.
Bolívar Silva, representante de los oficiales retirados en el Directorio del seguro militar, aseguró que la salida de García debía producirse en mayo próximo tras dos años de funciones.
Estos acontecimientos se produjeron a pocas horas de que en Quito se reúnan militares pasivos, para analizar los últimos hechos relacionados al descuento de los USD 41 millones. En Guayaquil también hubo pronunciamientos de los exuniformados.
‘Se está tratando de insinuar que hubo abuso’
Entrevista a Carlos Baca, consejero de Gobierno
¿Por qué no se recurrió a una instancia judicial para solucionar el caso Issfa?
El Issfa y el Ministerio del Ambiente son entidades del sector público. Por lo tanto, la Procuraduría tenía competencia para pronunciarse.
Pero la Procuraduría no es una instancia judicial…
Hay la disposición séptima de la Ley Orgánica de la Procuraduría que dice que el Procurador podrá pedir de las autoridades o entidades del sector público la rectificación o modificación de los actos o contratos que se hubieren adoptado con violación de la Constitución o de la ley.
¿No era mejor ir a un juez?
No. No era mejor.El presidente Rafael Correa interviene sobre una base que emite la Procuraduría General.
Ahora, el artículo 372 de la Constitución dice que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del Fisco…
No puede ser un argumento decir que para que el Gobierno le pague al Issfa no se necesita juicio. Pero para que el Issfa le devuelva un pago en exceso sí se necesita juicio. Aquí se está tratando de insinuar que ha habido abuso, de que se trataba de dinero que no podía ser compensado sino en virtud de una decisión judicial. El Estado ecuatoriano le entrega al Issfa unos USD 500 millones al año.
Pero aún hay una deuda. ¿Cuándo se va a pagar lo que está retrasado?
El Estado tiene algunas obligaciones pendientes y se pagará conforme a la caja fiscal.
El Presidente dice que se descuenten los USD 41 millones y la Contraloría señala que en 45 días tendrá una respuesta del examen. ¿Cómo entender eso?
La Contraloría tiene toda la potestad de hacer un examen especial y verificar los pasos que se han dado.
¿Si todo estuvo bien?
El Gobierno aceptará el pronunciamiento del Contralor.
Tendrán que devolver los USD 41 millones.
No nos podemos adelantar a los hechos.
¿Ustedes en verdad creen que los soldados pasivos son golpistas?
Hay un grupo que se ha dedicado hacer política en nombre de las FF.AA. Quieren generar zozobras, temor, inquietud, miedo en la gente.
‘El Estado debe 260 millones y eso sí afecta’
Entrevista a Bolívar Silva, representante oficiales (r) en Issfa
Javier Ortega R. Redactor (I)
Usted difundió entre los militares pasivos el informe que presentó el hasta ayer director del Issfa, Freddy García, sobre la venta de los lotes. ¿Qué se dice en el documento?
En resumen, lo que él dice ahí es que el cálculo que hizo la Dirección de Avalúos y Catastros (Dinac) fue legal.
¿Por qué?
En esa época, en el 2010, eso era lo que consideraba la Ley de Contratación Pública.
Pero la Procuraduría señala que se inobservó esa ley y quien debía hacer el avalúo era el Municipio de Guayaquil y no la Dinac.
En el 2013 se cambia (la ley) y se pone que el avalúo debe hacerlo la Dirección de Catastros de los municipios. La compraventa se hizo en diciembre del 2010 y no puede ser retroactiva. En eso se soporta el informe de García.
El miércoles, en Guayaquil, los soldados en retiro hablaron de ‘negligencias’ de los funcionarios.
Eso sería de averiguar a las personas o responsables que estuvieron en ese momento. Del informe de Freddy García, quienes intervienen en esto es Javier Ponce, exministro de Defensa; Marcela Aguiñaga, del Ambiente; y el almirante (José) Noritz, como director del Issfa. Ellos conocen a profundidad qué pasó antes, durante y después de la firma.
El Gobierno señala que el dictamen de la Procuraduría era de carácter obligatorio. ¿Por qué el Issfa no lo acató?
En el análisis que hace Freddy García, dice que en los oficios (de Procuraduría) se pide corregir el error, que conversaran con el Ministerio del Ambiente y se reunieran para corregir el error. Lo que él aclara bien es que nunca se dispuso devolver recursos.
Los militares en retiro dicen que el descuento de USD 41 millones puede afectar la solvencia del Issfa. ¿En serio ven peligrar el seguro militar por este monto?
Esto hay que analizarlo en forma global. El Estado debe USD 260 millones por retrasos de pagos que vienen desde el 2014 hasta la fecha. Lógicamente, (con el descuento) no es que se va a afectar al Issfa, porque su patrimonio es mucho mayor. Pero si hay estas demoras, y a más de esto se da el descuento, sí afecta.