Marcela Aguiñaga, exministra del Ambiente y actual asambleísta por Alianza País. Foto: Archivo EL COMERCIO
Marcela Aguiñaga, exministra del Ambiente y actual vicepresidenta de la Asamblea, se dirigió este jueves 11 de febrero de 2016 a los ciudadanos para hablar sobre el Parque Samanes, cuya adquisición es auditada por la Contraloría, luego de que el Gobierno señalara que hubo un sobreprecio de USD 41 millones en el pago por un terreno del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
En su cuenta de Twitter, Aguiñaga publicó al mediodía una carta pública para la ciudadanía en la cual aseguró que “como guayaquileña, que ama su ciudad y a sus habitantes, dediqué muchísimas horas para sacar adelante el Parque Samanes. En efecto, es un logro de mi gestión, del cual me siento sumamente orgullosa, pues su objetivo principal fue el dotar de áreas verdes a una ciudad muy carente de ellas, y conservar ecosistemas naturales, únicos que merecían cualquier tipo de esfuerzo, para que no sean destruidos, menos aún con proyectos inmobiliarios”.
El pronunciamiento de Aguiñaga se produce un día después de que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, manifestara que hubo “errores de buena fe, tengo que reconocerlo”, de parte del Ministerio del Ambiente, al pagar USD 48 millones al Isffa por un terreno avaluado en USD 7,3 millones. “Para eso los estamos enmendado para evitar que haya glosas y situaciones posteriores que podrían ser más complicadas. Por eso hicimos el débito (al Issfa) porque no queremos tener este tema pendiente que pueda complicar a la administración del Estado”, dijo Mera.
En la coyuntura actual, en la que se cuestiona la adquisición de los 66 lotes en el Parque Samanes, Aguiñaga indicó en su carta que reafirma “la voluntad que ha existido en mi gestión para actuar con transparencia y responsabilidad en torno a este y otros proyectos que he liderado y que no han recibido observación alguna. Por ello, ratifico mi entereza de esperar el informe de las entidades de control que examinan el caso”.
“Han pasado nueve años desde que decidí apoyar al proyecto de la revolución ciudadana. Me siento orgullosa de haber contribuido a la transformación del Ecuador y de Guayaquil”.
En un boletín de prensa, también emitido desde la cuenta de Twitter de Aguiñaga, dos horas antes de la carta pública a los ciudadanos, la asambleísta dijo que el 7 de mayo del 2010 entró en vigencia la declaratoria del Parque Samanes como Área Nacional de Recreación y que parte de esta la conformaban los 66 lotes que pertenecían al Issfa. Sostuvo que para adquirirlos se llevó a cabo una negociación entre instituciones públicas, en la que no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada.
Esta negociación se inició en junio del 2010, con la promesa de compraventa hecha por Ambiente, dijo Aguiñaga. Un semestre después, el 7 de diciembre, el Issfa y la Secretaría de Estado cerraron el negocio en USD 48 millones, un monto definido previamente por la Dirección Nacional de Catastros (Dinac).
Aguiñaga dice que la compra de los 66 lotes se ejecutó en beneficio de los guayaquileños: “por mi parte como abogada que conoce los procesos legales, me mantendré a la espera del informe que presente Contraloría y, de ser pertinente, me pronunciaré al respecto”.
El 4 de febrero del 2016, el presidente Rafael Correa ordenó al Ministerio de Finanzas descontar USD 41 millones que se habrían pagado en exceso al Issfa por la venta de esos terrenos.