Michael Munro, director de Conformidad de la constructora brasileña. Foto: Alfredo Lagla/EL COMERCIO
Los representantes de la empresa Odebrecht revelaron ayer, 23 de junio de 2017, nueva información en torno a los acuerdos que la constructora ha firmado con los países que solicitaron información sobre el pago de sobornos.
Michael Munro, director de Conformidad de la constructora brasileña, quien está en Quito, señaló que la confidencialidad de los acuerdos depende de cómo se negoció con la Fiscalía de cada nación.
Es decir que la divulgación de esos acuerdos depende de cada Fiscalía, mas no de Odebrecht, que “solo coopera con las investigaciones”.
En el caso ecuatoriano, la Fiscalía decidió que el contenido del acuerdo, vigente desde el 8 de junio, sea reservado.
Para ello recurrió al art. 494 del Código Penal, que señala: “Las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales”.
Según Munro, lo que también se busca es evitar la filtración de información “que puede afectar las investigaciones judiciales del hecho”.
Pero en el caso de Estados Unidos, el acuerdo fue público. Lo mismo ocurrió con República Dominicana, cuyas autoridades anunciaron que toda la información entregada por la constructora se subirá a la Internet, para que los ciudadanos puedan acceder.
Medios locales indicaron que en ese entendimiento, la constructora además se comprometió a pagar a esa nación USD 148 millones de multa por el pago de los sobornos.
Hasta el momento, Odebrecht ha llegado a acuerdos también con Suiza, Brasil y Perú.
En este último país, el representante de la empresa, Mauricio Cruz López, aseguró que no puede detallar cómo fue el proceso para llegar al acuerdo.
Lo único que indicó fue que la información llegó en sobre cerrado desde Brasilia y que la difusión de los datos podría entorpecer las investigaciones judiciales en marcha.
En Ecuador, la Fiscalía ha dicho que el acuerdo no concede inmunidad a nadie. Por eso, Mauro Hueb, director regional de Odebrect en Ecuador, explicó que la decisión de procesar o no a los exejecutivos de la empresa involucrados en el pago de sobornos depende de la Fiscalía. Y aseguró que el acuerdo con Ecuador establece que la empresa será un cooperador eficaz, respetará la reserva y los tiempos de la investigación que pueden tomar varios años.
Actualmente, la Fiscalía tiene abiertos cinco casos y uno de ellos está relacionado con el Metro de Quito. De hecho, la semana pasada los investigadores allanaron sus oficinas, en la capital.
Hueb comentó que en este contrato no se han detectado irregularidades o posibles pagos de sobornos y confirmó que, a más del Metro de Quito (allí también interviene Acciona), la firma estuvo a cargo de la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca y el acueducto La Esperanza.
Hueb y Munro, quienes ayer mantuvieron varias reuniones con periodistas en Quito, pidieron al país y al Gobierno que le permitan seguir operando, para enmendar sus “errores”. “Toda la estructura de la alta gerencia ha sido cambiada.
Ahora tenemos líderes comprometidos para hacer lo correcto”, dijo Munro, quien pidió paciencia con las investigaciones. “En en otros casos similares, tarde o temprano la información se vuelve pública”, subrayó.
En contexto
Como compañía, Odebrecht fue instituida en 1944; el grupo está presente en Suramérica, América Central, África, Europa, etc. En la región, Argentina buscaba un acuerdo con la empresa brasileña, pero las autoridades dijeron que no fue posible.