11 de enero de 2019 16:53

Objeción parcial a la Ley de Defensoría del Pueblo por 'inconstitucionalidad'

En el documento se advierte que esa norma pretende otorgar competencias que tiene la Corte Constitucional a la Defensoría, a través de “una mal entendida o pretendida autonomía e inadecuada apropiación de tutela y protección de derechos y garantías ciudad

En el documento se advierte que esa norma pretende otorgar competencias que tiene la Corte Constitucional a la Defensoría, a través de “una mal entendida o pretendida autonomía e inadecuada apropiación de tutela y protección de derechos y garantías ciudadanas”. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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El presidente, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea su objeción parcial por inconstitucionalidad a la nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que fue aprobada el pasado 5 de diciembre de 2018. 

En el documento se advierte que esa norma pretende otorgar competencias que tiene la Corte Constitucional a la Defensoría, a través de “una mal entendida o pretendida autonomía e inadecuada apropiación de tutela y protección de derechos y garantías ciudadanas”.

El artículo 125 de la Constitución “no otorga a la Defensoría del Pueblo la representación o tutela de los derechos de la naturaleza per se, ni que sea la ‘institución nacional’ encargada de su protección y tutela”, refiere, por ejemplo.

El texto, que fue remitido este viernes 11 de enero del 2019 a los legisladores, subraya que “la expedición de normas debe guardar particular cuidado en que se observen la estructura, atribuciones y competencias determinadas constitucionalmente”.

Señala que los denominados ‘Principios de París’, a los que invoca el cuerpo legal, “no establecen un ‘mandato’ al Ecuador para establecer un determinado modelo de Defensoría del Pueblo”.

“Los instrumentos internacionales contienen una limitante constituida por el orden público previsto en cada país, esto es, no pueden ir contra dicho orden público, y, menos aún, contra la normativa prevista en la Constitución”, puntualiza.

Esta Ley fue tramitada por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Su presidente, Héctor Yépez (Creo), manifestó que “este es un tema que deberá resolverlo la Corte Constitucional”.

Yépez espera que esa institución “ojalá se conforme lo más pronto posible”, pues está en vacancia desde agosto pasado, cuando el Consejo de Participación transitoria cesó a sus jueces tras un proceso de evaluación.

El legislador abogó por “un diálogo fluido” entre Ejecutivo y Asamblea para que no se dilaten los temas.

Entretanto, el Consejo de Administración de la Legislatura aprobó ayer el próximo receso legislativo y quedó establecido entre el 18 de febrero y el 1 de marzo de 2019.

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