Lima, DPA
El encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori regresará mañana al banquillo de los acusados, esta vez para responder por su presunta responsabilidad en tres casos de corrupción ocurridos durante su gobierno (1990-2000).
La Fiscalía, que pide ocho años de cárcel para Fujimori, lo acusa de peculado, interceptación telefónica y cohecho activo, en los casos relacionados con la conformación de una red de espionaje, el soborno a parlamentarios de oposición y la compra irregular de un canal de televisión.
La ocurrencia de los tres casos está plenamente comprobada y sólo falta documentar la participación del entonces mandatario, algo para lo cual, según el fiscal del caso, José Peláez Bardales, hay pruebas determinantes.
Fujimori, de 71 años y preso desde septiembre de 2007, comenzará a enfrentar el nuevo juicio cuando aún están por resolverse las apelaciones que presentó contra los 25 años que se le impusieron en primera instancia por 25 asesinatos y dos secuestros, y los siete años y medio que se le dieron por el pago de una indemnización irregular a su entonces asesor Vladimiro Montesinos.
En el Perú las penas no son acumulables, por lo que Fujimori sólo pagará la mayor que se le imponga. Por lo pronto, tiene una condena ya firme a seis años de cárcel por el allanamiento ilegal a un departamento de Montesinos en 2000.
Los casos por los que el ex presidente responderá desde mañana fueron condensados en un solo proceso para agilizar la impartición de justicia. Hasta hoy se desconoce qué estrategia adoptará el abogado defesor, César Nakazaki, quien se ha limitado a afirmar que los magistrados están parcializados y que no tiene esperanzas.
Fujimori responderá por la formación de una red de espionaje de la que se comprobó que interceptaba las conversaciones telefónicas de al menos 28 personas, aunque se estima que el número de víctimas, entre políticos, periodistas y otros, era considerablemente mayor.
“Hay 60 testigos, así como videos, audios y documentos que acreditan la responsabilidad del ex mandatario”, indicó respecto a ese caso Peláez Bardales, quien agregó que el montaje de la red implicó el desvío de fondos mediante un plan denominado “Emilio”.
El segundo caso, también respaldado por audios, videos, documentos y recibos, se refiere a la “compra” de al menos 13 parlamentarios que, tras ser elegidos en 2000 por partidos de oposición, se pasaron al oficialismo a cambio de prebendas.
El tercero obedece a la compra secreta por parte del Estado del canal de televisión por cable CCN, por el que se pagaron 2,8 millones de dólares, así como a la “compra” de la línea editorial del diario “Expreso”, por entonces uno de los principales del país.
Con esos casos, terminarán de procesarse aquellos por los que Chile concedió la extradición en 2007. Aunque Fujimori también es sospechoso en varios episodios más de derechos humanos y corrupción, para procesarlo por ellos se requerirá del consentimiento de Santiago.
Como en los juicios anteriores, las audiencias se desarrollarán, bajo la presidencia del juez César San Martín, en el auditorio del cuartel de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, donde también está la celda de Fujimori, en el distrito limeño Ate Vitarte.
Se ignora cuánto tiempo puede durar el nuevo juicio, pues eso dependerá de la estrategia de la defensa. Si el ex mandatario no acepta responsabilidad, como ocurrió en el caso de la indemnización, podría ser un proceso largo. La Fiscalía aspira a contar con unos 150 testigos, entre ellos Montesinos y la ex esposa del acusado, Susana Higuchi.
El líder de derecha radical, que en 1992 dio un “autogolpe” de Estado e instaló un gobierno autoritario, es el primer ex mandatario en el Perú apresado y condenado tras ser elegido originalmente en forma democrática. De hecho, su caso tampoco encuentra mayores precedentes en el mundo.