Una política pública exitosa y trascendente debe tener sustento técnico, financiamiento y viabilidad política. En lo técnico responder a las necesidades de la realidad, a los avances teóricos y prácticos en la materia. En lo financiero contar con fuentes seguras y permanentes en el presupuesto nacional o local y en lo político disponer del respaldo al más alto nivel y el más amplio consenso político.
En América Latina en los últimos 20 años la mayoría de reformas educativas fracasaron. Fueron “formulaciones tecnocráticas”, financiadas con crédito externo e impuestas a la comunidad educativa por ministerios prepotentes. Resultado: desperdicio de tiempo y dinero; enfrentamientos y desgaste de los actores; deslegitimación política y desinstitucionalización estatal; crisis de la educación pública.
En una evidente variación de estrategia política de sus antecesores, el Ministerio de Educación (ME) dirigido por Gloria Vidal intenta construir políticas educativas con los actores. Diseña su propuesta y la pone a discutir. Este es el caso del nuevo bachillerato.
Hace varias semanas lo puso a debate argumentando que hay que superar los problemas de este nivel de estudios que afecta negativamente a los estudiantes: impide su movilidad entre colegios y regiones, obliga a una especialización prematura e imparte un aprendizaje de escasa relevancia respecto a las demandas de la realidad. En tal sentido propone un bachillerato unificado que ofrezca “a todos los y las estudiantes una formación integral que desarrolla las capacidades fundamentales para acceder al nivel de la educación superior, al mundo laboral y productivo, que aporta a un desarrollo personal equilibrado, adecuado a su edad, y proporciona las habilidades para la vida ciudadana democrática”. Se adjunta una propuesta pedagógica, una curricular y un esquema de gestión.
La ciudadanía organizada, los rectores, profesores, estudiantes (públicos y privados), el gremio docente y universidades toman el reto del ME y desatan una discusión a profundidad. El sector productivo brilla por su ausencia. Hay voces que saludan la iniciativa ministerial. Hay otras críticas. Una de las más radicales es la de la U. Andina. Acusa a la propuesta, entre otras cosas, de disponer de un “diseño del contenido de las asignaturas extremadamente deficiente y en algunos casos, incorrecto, alejado de una educación democrática, nacionalista y progresista”’ “empobrecimiento del fundamento curricular. Carece de bases psicopedagógicas sólidas’”.
Crudo, fuerte, pero saludable debate. Promoverlo y enfrentarlo con tolerancia es el mérito de la Ministra.
Será mayor si recoge las críticas y aportes y si decide inaugurar el nuevo bachillerato luego del próximo septiembre. Estará mejor estructurado y consensuado. Será una política exitosa.