Marco Arauz Ortega. Subdirector
Dado que el movimiento gubernamental insiste en crear el vacío respecto de su propuesta de Ley de Comunicación, es dable pensar que o bien apoyará a uno de los proyectos que se presenten, o bien presentará el suyo propio a última hora.
No se descarta, sin embargo, que el Gobierno esté trabajando directamente en alguno de los proyectos que preparan sectores afines ideológicamente, pero no quiera aparecer como autor. Se sabe que la Secretaría de Comunicación no quiere tener un papel protagónico, pues es una instancia cuyas actividades deben ser reguladas por la Ley. Pero eso no quiere decir que los frentes político y jurídico no estén activos sobre este tema.
Lo que preocupa es que, hasta ahora, en las propuestas de los denominados movimientos sociales y de los gremios lo que se ha visto son regulaciones de carácter controlador y punitivo, con una gran prelación para los medios comunitarios y públicos sobre los privados. No está demás decir que es sorprendente ver cómo las propuestas más sancionadoras para la actividad periodística provienen del propio gremio.
En cualquier caso, los proponentes, el Gobierno y los asambleístas deberán tener en cuenta que cualquier política pública de comunicación que se apruebe deberá observar un respeto irrestricto a la libertad de expresión y a los derechos de la comunicación consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como lo señala claramente el artículo 384 de la Constitución.
En tal sentido, no debería haber mucho espacio para aspirar a la autarquía legal, aunque las tentaciones son fuertes para los gobiernos que ven en los medios privados una amenaza real. Pero ante la seriedad del tema, es mejor dejar de jugar al gato y al ratón y hacer el debate público ya.