La caída del precio del petróleo ha obligado al Gobierno a realizar ajustes en la nómina de los empleados públicos. Foto: EL COMERCIO
La incertidumbre entre los empleados que laboran en entidades del Estado bajo la figura de contratos de servicios ocasionales se incrementó al finalizar el 2015. Cada 31 de diciembre concluye el año fiscal en el sector público y el empleador tiene la potestad de concluir su relación laboral con los empleados que trabajan bajo esta modalidad.
Las notificaciones de culminación de contrato se multiplicaron en diciembre pasado. Karla F., de 25 años, trabajó durante los últimos dos como asistente financiera en una de las entidades que reciben recursos del Estado. Esta contadora, madre de dos pequeños, recibió la notificación pese a que, asegura, tenía un nombramiento provisional. Relató que desde entonces está buscando trabajo en empresas del sector privado. Con su sueldo costeaba el arriendo y la educación de sus hijos.
A Freddy J., de 37 años, también le notificaron la culminación de su contrato el pasado 18 de diciembre. Laboraba como chofer en un municipio del Guayas que prefirió no mencionar, porque espera ser recontratado a mediados de este año. “Esperaba que me renovaran el contrato, pero no ocurrió. Me dijeron que están en proceso de optimización de recursos y personal”.
Además de las universidades públicas y gobiernos autónomos descentralizados, otras 127 entidades reciben recursos del Estado, que corresponden al Ejecutivo. Entre enero y septiembre pasado, el Estado pagó USD 6 443 millones en remuneraciones para 486 806 servidores públicos, según datos del Ministerio de Finanzas.
La Ley Orgánica del Servicio Público establece que los contratos de servicios ocasionales tendrán una duración máxima de 24 meses y que, por su naturaleza, no generan estabilidad debido a que pueden terminar en cualquier momento.
La Federación Nacional de Servidores Públicos estima que hasta diciembre pasado alrededor de 120 000 personas laboraban bajo esta modalidad contractual.
Para el Gobierno, la terminación de estos contratos no constituye despidos, sino optimización de recurso humano acorde con la ley.
El ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, dijo que en el 2015 se suscribieron 90 000 contratos ocasionales en el sector público. “Según nuestras cifras, son entre 5 500 a 6 000 contratos ocasionales que finalizaron por la fecha de término”. Añadió que la terminación de los contratos bajo esta figura ha sido aplicada de forma mínima.
Esa figura la aplicaron las autoridades de la Universidad Central de Quito, cuando desvincularon en diciembre pasado a un grupo de empleados de áreas administrativas. Una semana después, 186 empleados desvinculados se reunieron con el Rector para que se considere su recontratación.
El sector de educación es el que mayor número de servidores públicos posee, y es el que absorbe el mayor gasto en remuneraciones. El Estado desembolsó hasta septiembre USD 2 352 millones en el pago de las remuneraciones para 222 235 servidores públicos en este sector, entre docentes, empleados administrativos y trabajadores amparados bajo el Código del Trabajo.
La figura legal sobre los contratos de servicios ocasionales establece que se renovarán los cargos a los funcionarios si la institución pública así lo requiere. Además, el empleador tiene la potestad de terminar este acuerdo laboral sin necesidad de que se cumpla el año fiscal o el año calendario desde que el colaborador empezó a trabajar en la institución.
También precisa que en una entidad no puede haber más del 20% de personal contratado bajo servicios ocasionales en relación a los que tienen nombramiento.
Joaquín Viteri, abogado del Frente Unitario de Trabajadores y docente de la Universidad Central del Ecuador, explicó que los funcionarios que laboran con este tipo de contratos no gozan del derecho a indemnizaciones. Y agregó que el momento en que termina el contrato, el empleado no necesita ni siquiera ser notificado por los departamentos de Talento Humano. “El único derecho que tiene el empleado, de ser el caso, es exigir que culmine el plazo de duración del contrato”.
Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de los Servidores Públicos del Ecuador, mencionó que la organización no ha podido cuantificar los sectores de donde provienen las desvinculaciones.
En el Ministerio de Educación el 31 de diciembre pasado, 313 funcionarios que ya cumplieron 24 meses de actividad laboral en la entidad finalizaron su estado contractual con esta cartera de Estado.
En el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos, por ejemplo, los contratos ocasionales corresponden a proyectos a ser ejecutados cada año. Así, el año pasado unas 23 personas culminaron sus contratos debido a la temporalidad de estos, los que representan el 2% de la nómina, indicó la institución.
En el sector hidrocarburífero también hubo recortes de personal a partir de enero. El Ministerio de Hidrocarburos indicó a este Diario que, de una plantilla de 176 personas, a partir de enero del 2016 funciona con 114 funcionarios, es decir, hubo un recorte de 62.
“Los funcionarios que lamentablemente debieron salir de la institución contaban con un contrato cuya duración concluía el 31 de diciembre del 2015, el mismo que no fue renovado”, indicó el Ministerio.
La entidad señaló que la baja en el precio del petróleo “establece la necesidad de optimización de recursos económicos, que se realiza no solo en el Ministerio de Hidrocarburos, sino en todo el sector público”.
Otra entidad del sector que desvinculó personal fue la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. La entidad señaló que fueron notificados de su salida 70 servidores. De ellos, 24 corresponden a contratos por servicios ocasionales.
En contexto
La Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 58, establece que los contratos de servicios ocasionales tendrán una duración máxima de 24 meses y que, por su naturaleza, no generan estabilidad debido a que pueden terminar en cualquier momento.