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La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), que agrupa a 87 comunidades, exigió este 20 de agosto de 2025 cumplir con el mandato de la consulta popular de 2023 y detener la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT ( (Ishpingo-Tiputini-Tambococha), ubicado en un aparte del Parque Nacional Yasuní, en Orellana.
Este miércoles se cumplen dos años desde que se realizó dicha consulta popular. En este proceso, el 58,95 % de ecuatorianos decidió mantener bajo tierra el petróleo del Bloque 43-ITT, en el Yasuní. Pero según denuncia la agrupación, el mandato ciudadano no ha sido respetado.
La Corte Constitucional fijó como máximo plazo el 31 de agosto de 2024 para cerrar la explotación y desmantelar la infraestructura petrolera en el Bloque ITT.
Sin embargo, solo 10 de los 247 pozos fueron cerrados en 2024. Según el cronograma de cierre, estaba previsto que en 2025 se apaguen 48 pozos, pero Petroecuador no ha informado cuántos de esos pozos han sido suspendidos hasta ahora. El plan del Gobierno es completar la salida del bloque en 2029.
En 2024, la NAWE presentó el Plan de Acción por el Yasuní y el Mandato Waorani, construidos en la Cumbre Internacional por el Yasuní. Estas propuestas buscaban garantizar un territorio libre de combustibles fósiles y la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
No obstante, el Gobierno avanzó con un cronograma de cierre que se extiende hasta 2029 e incluso 2034, contradiciendo la voluntad popular y los estándares constitucionales, señaló la organización.
El 13 de marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado ecuatoriano por vulnerar los derechos de los PIACI. La Corte instó al cumplimiento inmediato de la consulta popular. A inicios del mismo año, el Relator Especial de la ONU también advirtió sobre este incumplimiento.
Ambos organismos señalaron la urgencia de garantizar el derecho al no contacto de los pueblos Tagaeri y Taromenane y de reparar el daño ambiental en el Yasuní.
Este 20 de agosto de 2025, la NAWE presentó un segundo Mandato Waorani ante la Corte Constitucional. La organización exige un plan de retiro y desmantelamiento con participación indígena, así como una reparación integral para el Yasuní.
Entre sus solicitudes están la convocatoria a una audiencia pública en territorio, la entrega de información detallada sobre el cronograma de cierre y medidas específicas para proteger a los PIACI. También demandan que el proceso de seguimiento se mantenga hasta el cumplimiento total del mandato popular.
Juan Bay, presidente de la NAWE, afirmó que el cumplimiento de la consulta no es negociable y que el Estado debe escuchar a las comunidades. Marlón Vargas, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), subrayó que la defensa de la vida y la autodeterminación de los pueblos en aislamiento seguirá firme.
Nemo Guiquita, dirigente de la Conaie, recordó que la lucha lleva más de diez años sin garantías reales para el territorio. Desde la sociedad civil, colectivos como Ecos del Yasuní insisten en que el proceso de cierre debe contar con la participación de las comunidades.
Enlace experto: Petroecuador
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