Construir casas y departamentos para arrendar a gente de escasos recursos puede convertirse en una realidad en el país. Así lo dejó ver Mutualista Pichincha, durante el Seminario vivienda social en arrendamiento, que se realizó en el Hilton Colón.
René Cordero, gerente general de la empresa, indicó que si bien este modelo no existe en el país, sí está presente en otras naciones, particularmente del primer mundo.
La idea es construir viviendas, con servicios básicos y excelentes condiciones, para que las personas que, por ahora, no pueden comprar una casa o departamento, tengan un sitio donde vivir.
“Es una opción al déficit de vivienda que existe (…) Se busca construir ciudades más humanas, más incluyentes (…) Todavía no se ha iniciado el proyecto, pero es una propuesta que le hemos hecho al Ministerio de Vivienda”.
Entre los retos que enfrentarían los constructores de estas viviendas estarían buscar terrenos con un menor costo del suelo, identificar zonas con servicios en terrenos de propiedad del Gobierno central/ municipales o construcciones que se encuentren en abandono, concretar acuerdos públicos y privados para poner en marcha la iniciativa, etc.
Así mismo, es necesario generar un marco regulatorio que propicie el buen inquilinato.
En algunos países como España está experiencia se viene aplicando casi desde hace un siglo. Ramón Ruiz, socio director de Visoren, operadora a cargo de viviendas sociales en alquiler, indicó que hace 20 años la ejecución de estos proyectos era pública en su mayor grado, liego ha pasado a ser público privada.
En España hay alrededor de 300 000 viviendas de este tipo. El Estado marca los precios máximos de cobro del alquiler. En promedio este valor, por mes, es de USD 135.
Para acceder a estas viviendas la persona debe ser menor de 35 años y tener un máximo de sueldo (USD 35 000 al año). Pero, esto no es suficiente. Cumpliendo estos requisitos deberán participar en un sorteo y ver si logran la asignación de una vivienda.
Los constructores, por su parte, logran la construcción de edificaciones de este tipo gracias a créditos blandos, a 25 años, que consiguen con el apoyo del Estado.
Los favorecidos pueden arrendar durante cinco años, en algunos casos, con posibilidad de renovación. En ciertas circunstancias, además, pueden tener opción a compra.
En otros países como Inglaterra, actualmente, la experiencia no es del todo exitosa. Ello debido a que el Gobierno ha dejado de invertir en este tipo de proyectos a profundidad, particularmente desde 1979, con la llegada del Gobierno de Margareth Thatcher.