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La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) alertó este 26 de septiembre de 2025 sobre graves hechos de violencia en contra del sector florícola. La organización informó que manifestantes obligan a los trabajadores a unirse al paro mediante amenazas y agresiones físicas.
Las fincas de Imbabura reportan que sus empleados fueron atacados y obligados a abandonar sus labores. Además, los manifestantes les quitaron sus teléfonos celulares para impedir que se difunda evidencia de los hechos.
En videos difundidos por Expoflores se observa a decenas de personas que llegan a las fincas para sacar a los trabajadores y llevarlos a las protestas. En uno de los audios se escucha: “El personal de la poscosecha también tiene que salir, sácale, vamos a otra finca, sácale”.
Estas acciones mantienen paralizado al 70% de la producción florícola del país.
Fincas de Imbabura reportan que sus trabajadores han sido agredidos y obligados por manifestantes a abandonar sus labores para unirse al paro. Además, robaron los teléfonos celulares del personal para no dejar evidencia.
— Expoflores (@ExpofloresEc) September 26, 2025
❌¡Esto es premeditado, esto es TERRORISMO!
✋ Exigimos… pic.twitter.com/8Sk32sjQKw
El sector registra más de 4 millones de dólares en pérdidas desde el 21 de septiembre de 2025, fecha en que iniciaron las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La medida fue decretada por el presidente Daniel Noboa y se aplica desde el 13 de septiembre.
El gremio asegura que este paro no solo golpea la economía, sino que también genera heridas sociales difíciles de superar. “Exigimos respeto al derecho al trabajo y a la libre movilización, garantías que pertenecen a todos los ecuatorianos”, señaló en sus redes sociales.
En los últimos cuatro días, Imbabura se consolidó como el foco de la conflictividad. El lunes pasado, en Otavalo, cerca de un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, quemó vehículos particulares y destruyó parte de la infraestructura de seguridad.
Las organizaciones sociales mantienen sus protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, mientras los sectores productivos reclaman por los efectos de la violencia en su actividad.
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