El número mágico era el 80. Había que llegar a esa calificación, de un total de 100 puntos, para “salvar el pellejo” y conservar el cargo.
En abril pasado, los funcionarios del Ministerio de Finanzas se habían sometido a una serie de pruebas para evaluar su perfil profesional y laboral. Y ayer, como sucede en los rituales de colegios o universidades, los funcionarios se acercaban al Swissôtel en Quito, para conocer el resultado de sus calificaciones.
Su nota final no estaba publicada en una cartelera, sino dentro de un sobre blanco, sellado y con la leyenda “Confidencial”. Dentro de este, tres hojas detallaban los resultados conseguidos.
Cada uno de los funcionarios (la Cartera cuenta con unos 450) empezó a subir las 30 gradas que les separaban del Director de Recursos Humanos del Ministerio y de la Coordinadora Administrativa Financiera, quienes estaban en el primer piso del Swissôtel.
Desde la calle Isabel La Católica, ese recorrido hacia las máximas autoridades se hacía eterno para unos. Todo se desarrollaba con hermetismo y sin el despliegue policial solicitado por la Cartera de Estado, por si acaso.
El día frío y gris estuvo a tono con la jornada. Para algunos, el sol salía tras abrir su respectivo sobre y ver que llegaron al número mágico. Para otros, la noticia desató una lluvia de lágrimas. Nadie sonreía. Solo abrazaban o consolaban a quienes no llegaron a 80.
“Trabajaba 23 años en el Ministerio. Me duele mucho que no se haya valorado la experiencia. No quiero irme a ninguna otra entidad. Que me paguen mi dinero y me regreso a mi tierra”, aseguraba una de las melancólicas funcionaria que reprobó la evaluación.
Según el Ministerio de Finanzas, la reestructura se da para cumplir con el Código de Planificación y Finanzas Públicas, aprobada a finales el año pasado. El objetivo es contar con “el mejor talento humano para promover el desarrollo de la institución”.
Se prevé que entre 150 y 200 personas serán separadas, aunque el reporte definitivo lo dará el ministro Patricio Rivera en los próximos días, según ofreció.
Pero la confusión y las denuncias reinaban ayer entre los funcionarios. Para algunos, el proceso adoleció de fallas en su concepción, ya que se dio un valor muy alto a la entrevista personal.
Las evaluaciones estuvieron a cargo de la firma Armando Pareja & Asociados y contemplaban siete parámetros: formación académica (15 puntos), capacitación (3 puntos), experiencia (5 puntos), destrezas y habilidades (7 puntos), conocimientos (35 puntos), evaluación del desempeño (15 puntos) y entrevista (20 puntos).
“La entrevista personal tiene un puntaje altísimo, siendo algo tan subjetivo. Todo depende de si le caigo bien o mal al entrevistador. Vamos a impugnar esto”, afirmaba el presidente de la Asociación de Servidores Públicos, Miguel García, quien trabaja en Finanzas en Comisión de Servicios y obtuvo una calificación de 89,61.
Quienes no alcanzaron el puntaje no sabían si debían volver a sus puestos de trabajo o desde ayer mismo ya estaban afuera. Lo que se conoce extraoficialmente es que a partir de ayer corren tres días para que quienes se sientan afectados apelen. Y los que deseen recibir sus indemnizaciones (USD 1 300 por cada año) podrán hacerlo y dejar su cargo. Quienes no lo hagan podrán seguir trabajando hasta que se les comunique su cancelación.
El Ministerio informó que se evaluará si se suprimen algunas partidas. Pero en los exteriores del Swissôtel, los afectados, molestos, decían que “todo el tiempo entra más gente. Solo nos sacan para meter a otros. ¿Y por qué no se hizo la evaluación a todos? Los directores departamentales no pasaron por este proceso”.