Decenas de vecinos de la fábrica Lafarge Cementos S.A. bloquearon, la mañana de ayer, la entrada de la planta industrial, en la vía Otavalo-Selva Alegre, en Imbabura. El efecto fue una paralización de la producción y despacho, dijo Maarit Cruz, vocera de la empresa.
Según Geovanny Guevara, morador de la comunidad de Perugachi, la protesta fue en contra de la contaminación ambiental. “Estamos reclamando desde hace cuatro años. Vivimos en medio de una nube de polvo que afecta nuestra salud y nuestros cultivos”.
Entre los manifestantes, que portaban palos afilados, estaban también moradores de las comunidades del valle de Intag y de Quinde La Libertad y Quinte Talaco, en donde están ubicadas las minas de caliza que abastecen de materia prima a la planta.
La Policía llegó a las 08:00 y detuvo a cinco personas. Según la comisaria de Otavalo, Marianita Montalvo, los campesinos protagonizan protestas desde la semana anterior. “El viernes último se tomaron la vía y hoy (ayer) colocaron una cadena en las puertas de ingreso de la planta productora de cemento. También intentaron secuestrar a José Cazares, jefe de seguridad, por lo que nos vimos obligados a actuar”.
Los directivos de Lafarge ya presentaron una denuncia contra los detenidos en la Fiscalía de Otavalo, según Montalvo.
La presencia de los uniformados calmó los reclamos de los campesinos y permitió que las puertas de la empresa se abrieran. Cerca al mediodía llegó la asambleísta Marisol Peñafiel y el Gobernador de Imbabura, Pedro Dávila, quienes se ofrecieron como mediadores del conflicto.
Según Peñafiel, la empresa ha incurrido en varias inconsistencias. “Desde enero del 2009 el Ministerio del Ambiente ha pedido a la empresa Lafarge que presente un plan de manejo ambiental y le ha hecho 16 observaciones”. También dijo que el 22 de diciembre la cementera presentó una auditoria ambiental, la cual se está analizando en una comisión interinstitucional. Según Dávila, hay apertura de los directivos de Lafarge para buscar soluciones sobre este tema.