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Fórmula para fijar precios de ocho productos está en análisis

La semana pasada, los actores del sector arrocero participaron de una mesa técnica en Guayaquil. Foto: Cortesía

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) trabaja con mesas técnicas para revisar los precios mínimos de sustentación (PMS). Estos son valores mínimos que debe recibir el agricultor por la entrega de su producto en bodegas o industrias.

Con esta iniciativa, la Cartera de Estado busca hacer un análisis integral de todos los parámetros que se involucran en la cadena agrícola para, de esta forma, fijar de manera técnica los valores que rigen para ocho productos sensibles bajo esta política y que así se eviten futuras fricciones.

Además, la intención es “establecer un precio que cubra los costos de producción real en los que incurre el productor y, de esta manera, haya claridad al comercializar”.

En estas mesas, que se instalaron desde este mes, se revisan siete temáticas que son: productividad, control, costos de producción, diversificación, comercialización, poscosecha y financiamiento.

La semana anterior, los arroceros participaron en uno de estos encuentros como parte de los compromisos del Gobierno, luego de la movilización y bloqueo de vías en Guayas que se dio el 12 de julio. En las manifestaciones, los arroceros solicitaron que se suba el precio que se paga por la saca del grano y que se hagan controles para que se cumpla los valores.

Los ocho productos que actualmente están bajo la política de fijación de precios mínimos son: arroz, banano, maíz, soya, plátano, caña de azúcar, trigo y algodón. Pero los dos últimos tienen una producción tan baja que la última vez que se fijaron sus precios mínimos fueron en 2019 y 2017, respectivamente.

La fijación de estos valores ha generado un amplio y permanente debate por la falta de acuerdos ente los actores de una misma cadena.

La política de precios se definió por primera vez en 1988, según datos del Ministerio de Agricultura.

En los primeros años, los diálogos se hicieron a través de comités de concertación, donde participaban actores públicos y privados, con el fin de mejorar la competitividad, acordar precios de bienes sensibles y considerados prioritarios. Esos comités trataron insumos como papa, azúcar, leche, carne, cacao y hasta producción forestal. En 1999 se instaló el Consejo Consultivo del banano y luego se fueron sumando otros.

Aunque actualmente hay una metodología establecida, han existido pocos acuerdos para la fijación de estos valores. Por ejemplo, desde el 2016 hasta este año, en el consejo del arroz solo en un año hubo consenso entre industriales y productores, en el 2019.

Según Javier Ronquillo, productor arrocero del sector de Santa Lucía en Guayas, la falta de acuerdos se debe a que no se dimensionan los diferentes factores que impactan en los costos de producción. En el último año, cita, el alza en el precio del combustible, al igual que insumos para el campo, los ha hecho producir a pérdida.

En el caso de los maiceros, sus costos se elevan por mano de obra, especialmente, para aquellos productores no tecnificados.

El argumento del MAG para sostener la política de fijación de precios es que la Constitución establece un modelo de desarrollo que prioriza la producción local y la soberanía alimentaria. La Cartera agrega que la política contempla la protección de productos agrícolas sensibles.

Los ocho productos que tienen precios mínimos representan el 82% de la producción agrícola, según la Encuesta Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Juan Manuel Domínguez, director académico de la Escuela de Negocios de la Escuela Politécnica del Litoral (Espae), señaló que centrarse en ayudar a los agricultores bajo el mecanismo de precios ha dejado de lado a instrumentos complementarios para incentivar la producción y los rendimientos. Además, consideró que, en algunas ocasiones, se ha convertido en un tema político.

La capacitación, el financiamiento, la dotación de tecnología y de semillas certificadas e incluso revisión de aranceles a insumos para el agro son herramientas que si se fortalecen evitarían las distorsiones que actualmente se generan por los precios, dice Juan Pablo Zúñiga, de la Corporación de Industriales Arroceros.

En ese sentido, Diana Espín, directora de la Corporación de Avicultores Nacionales del Ecuador (Conave), concuerda en que si el país avanzara en estos elementos ya se habrían liberado los precios de sustentación.

Alfonso Roggiero, ingeniero agrónomo y exasesor del Ministerio de Agricultura, cree que Ecuador debería avanzar hacia la eliminación de este tipo de políticas, pero antes debe avanzar en varias acciones como el censo agropecuario, crear un plan de absorción de cosechas y un fondo de estabilización de precios que permita sortear eventualidades climáticas o de variación de precios.

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