El plazo para que Cervecería Nacional cancele USD 90,9 millones por utilidades atrasadas, a 1 200 ex trabajadores, venció la medianoche del jueves. Pero la notificación del pago no se concretó, informó Arturo Cervantes, uno de los demandantes.
La notificación debía remitirse al Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas y a la Dirección Provincial de Trabajo.“Si aún no nos pagan significa que esta empresa, administrada por la multinacional SabMiller, se burla de las leyes ecuatorianas, del Estado y no solo de los trabajadores”, comentó Cervantes.
El lunes próximo los trabajadores le pedirán al Juez que sigue la demanda, Pedro Iriarte, que proceda con los mecanismos para el millonario cobro.
No lo hicieron antes porque prefirieron que culmine el proceso de sufragio por la consulta popular durante este fin de semana. Además, la jornada laboral de los entes burocráticos culminó al mediodía de ayer.
El defensor de los ex empleados, Luis Zúñiga, advirtió que la próxima semana iniciarán las acciones legales para obligar que el deudor responda.
Todavía está en análisis si se solicitará el embargo y remate de bienes de las empresas, la declaratoria de quiebra o la aprehensión de las acciones de la compañía.
Horas antes de que venciera el plazo, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, advirtió que su cartera de Estado se encuentra lista para ejecutar la resolución judicial, para cobrar USD 90,9 millones.
Incluso dijo que de incumplir con la sentencia, la compañía cervecera deberá pagar una multa equivalente al doble del valor fijado como multa.
Pese a ello, los ex trabajadores desconfían del Ministerio de Relaciones Laborales, porque Espinosa dijo, en julio del 2010, que no le competía tratar el caso cuando se presentó el reclamo en la Dirección de Trabajo.
Zúñiga explicó que por ese motivo los perjudicados no aceptaban que el pago se efectúe en el Banco Central a orden de la Dirección de Trabajo, como lo dispuso el juez Iriarte. Preferían que se hiciera a orden del Juzgado, como lo resolvió anteriormente la tercera Sala de lo Penal. “Nos están mandando a la cueva del lobo”, dijo.
Pese a ello, los ex trabajadores no apelaron esa decisión, para evitar que el plazo de 48 horas sea interrumpido.
La oficina del ministro Espinosa ratificó las declaraciones del funcionario emitidas el jueves. Este Diario también buscó una reacción de la Cervecería Nacional, sobre el tiempo vencido, pero no hubo respuesta.
El jueves pasado, la empresa señaló mediante un comunicado que el proceso incurre en varios vicios que lo convierten en nulo.
La empresa solicitó una acción extraordinaria a la Corte Constitucional para anular la sentencia de la Tercera Sala sobre el pago. Aún no hay una respuesta.