Petroecuador es un escenario de contradicciones. Pese a la separación de centenas de trabajadores desde hace tres años, la nómina de la empresa ha aumentado.
En marzo del 2009, la estatal petrolera manejaba una nómina que bordeaba los 5 700 empleados, según datos de la Marina, que en ese entonces estaba a cargo de la petrolera estatal.
Esa cifra incluía los 1 400 tercerizados que ingresaron a la empresa con la aprobación del Mandato 8, que eliminó la intermediación laboral en el país. Sin embargo, luego de tres años el número de trabajadores de Petroecuador asciende a 8 260, según información de la propia petrolera.
Este incremento del 45% en el número de empleados se registra pese a los ajustes que se registran en la empresa desde el 2009, cuando comenzó un una reestructuración de personal que incluyó despidos intempestivos, separaciones por bajos puntajes en evaluaciones, vistos buenos y compras de renuncias, las cuales implicaron la salida de alrededor de 1 288 funcionarios, según registros de este Diario.
Desde la llegada de la administración naval a Petroecuador (noviembre del 2007), la empresa no ha hecho una rendición de cuentas oficial y concluyente sobre el ingreso y la salida de personal. Lo que sí abundaron, en cambio, fueron los remezones laborales (ver notas compartidas).
Para el ex dirigente sindical de Petroecuador, Diego Cano, el manejo laboral en de la empresa ha tenido como objetivo “mermar la resistencia de los trabajadores” a través los despidos y generar “temor en los empleados que se han quedado para vencer cualquier tipo de oposición”.
Cano añadió que el aumento de personal también refleja que Petroecuador continúa siendo un “botín político” como fue en gobiernos de décadas pasada.
El ex presidente de Petroecuador, Jorge Pareja, criticó que el Gobierno hable de reestructuración, aplicando despidos, y paralelamente incremente el personal. “Más que un cambio de funcionarios de base, requiere un cambio en sus cabezas”.
2007 – 2010 / Reestructuración de la marina
743 funcionarios separados
Petroecuador cerró el 2009 con 743 empleados menos en su nómina, como parte del proceso de reestructuración que realizó la administración naval.
La cifra sobrepasó el estimado de 600 empleados a ser removidos, que el entonces titular de la petrolera, Luis Jaramillo, dio a conocer en marzo de ese año.
Incluso, esta última cifra se dio luego de corregir una proyección inicial de 1 500 despidos.
Hacia mediados del 2009, 235 empleados que se habían integraron a la empresa por el Mandato 8, en el 2008, no recibieron una renovación de su contrato; 150 trabajadores fueron removidos por bajos niveles de desempeño y 100 más salieron por vender su renuncia o por la finalización de sus contratos.
Pocos meses después otros 258 trabajadores fueron separados también por bajos puntajes en sus evaluaciones. Finalmente, de enero a junio del 2010, otros 45 funcionarios salieron por negligencia en un derrame en Esmeraldas y el supuesto mal manejo de contratos petroleros.
Marzo del 2010 / Las Liquidaciones a los marinos
USD 402 577 en liquidaciones
No menos de USD 402 577 pagó Petroecuador como liquidaciones y bonos salariales a un grupo de 172 miembros de la fuerza naval que laboraron en la empresa entre noviembre del 2007 y marzo del 2010.
El hecho fue duramente cuestionado desde sectores sindicales y por el asambleísta Kléver Jiménez (Pachakutik) al argumentar que al ser funcionarios del mismo Estado realizaron actividades a modo de comisión de servicios, y no debían haber cobrado una liquidación.
Además, el personal naval recibió bonificaciones acumuladas por no haber accedido a un aumento de sueldo del 3,5% anual que se dio en Petroecuador entre los años 2007 y 2008.
Los trabajadores cuestionaron la medida al indicar que los marinos no estaban cobijados bajo la contratación colectiva.
La Contraloría inició un examen especial por las liquidaciones y alzas salariales que llegaron a USD 22 000 por cada marino. Se esperan los resultados del informe final del examen.
Septiembre 2010 / El caso gaspetsa
520 despedidos sin liquidación
628 funcionarios de las diferentes gerencias y unidades de Petroecuador fueron suspendidos por un presunto conflicto de intereses y uso de información privilegiada en la conformación de una empresa comercializadora de combustibles.
Este grupo de trabajadores tenía participación accionaria en Gaspetsa, que en febrero del 2005 firmó un contrato con Petroecuador para la elaboración, almacenamiento y despacho de combustible para pesca artesanal en Esmeraldas y Manabí.
De ese grupo, 520 funcionarios recibieron el visto bueno del Ministerio de Relaciones Laborales. Es decir, fueron separados sin ninguna liquidación.
Los funcionarios separados argumentaron no haber autorizado su participación en Gaspetsa y diez meses después tuvieron la opción de regresar a sus puestos bajo un nuevo contrato y con la condición de desistir de demandar a la empresa.
Cerca de 100 funcionarios aún buscan su reingreso a través de demandas judiciales.
Febrero del 2012 / 280 guardias separados
Menos personal de seguridad
Cerca de 280 guardias de seguridad de la empresa Sepriv, perteneciente a Holding Dine, de las Fuerzas Armadas, dejaron de trabajar en los campos e instalaciones de Petroecuador.
Los guardias despedidos indicaron que no recibieron ninguna explicación de su salida ni pasaron por un proceso de selección antes de su separación.
Ellos habían trabajado hasta 15 años en ocho campos petroleros de Orellana y Sucumbíos.
Entre los ex trabajadores y técnicos de Petroecuador consultados por este Diario corrió la versión de que hubo un recorte en el presupuesto de USD 10 millones en el rubro de seguridad.
Pero, oficialmente, la estatal confirmó que no hubo un recorte en el presupuesto sino una optimización de los recursos.
Petroecuador argumentó que en el distrito amazónico se instalaron cámaras en 140 puntos de vigilancia donde ya no se requería guardianía. Ni Sepriv ni Petroecuador respondieron respecto a si hubo una indemnización para los guardias o no.