Las negociaciones con la UE se dilatan
El Gobierno ecuatoriano dilató la toma de una decisión sobre la reanudación de las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea, al postergarse la reunión entre el presidente Rafael Correa y los ministros del frente externo, que debía realizarse esta semana.
En esta cita, según dijo el canciller Ricardo Patiño el pasado 21 de enero, el Mandatario tomaría una decisión definitiva sobre el tema e inmediatamente el Régimen enviaría una notificación a los representantes de la Unión Europea con la respuesta de la posición adoptada por el país.
Pero la reunión fue postergada para la siguiente semana, de acuerdo a declaraciones realizadas por el viceministro de comercio exterior, Francisco Rivadeneira. “No nos ha confirmado (una cita para esta semana) el Presidente. Está pendiente en esta semana concluir las conversaciones a nivel de ministros. Se ha alargado un poco porque no hemos podido reunirnos. Ha sido más bien un tema administrativo”.
El funcionario señaló que no puede confirmar si en la cita se tomará una decisión, pero espera que allí le den las instrucciones sobre cómo proceder con los miembros de la Unión Europea.
Por su parte, Patiño es más optimista e incluso ya dio fecha para la firma del Acuerdo Comercial para el Desarrollo con Europa, de acuerdo a una entrevista concedida a la agencia Andes.
“El país espera concretar el acuerdo antes de mayo, mes en que entrarán en vigencia los convenios que el bloque europeo suscribió con Perú y Colombia. Estamos a la expectativa de la decisión del bloque de aceptar y sentarse en la mesa de negociaciones, nosotros les hemos invitado”.
El Régimen ya ha enviado la información exigida por los europeos en cuanto a normas legales y constitucionales, que deberán ser revisadas para dar una respuesta.
Pero ese análisis es el que preocupa a analistas en materia de comercio exterior como Alfredo Corral. “Existen algunos artículos constitucionales que presentan dificultades para el tratamiento de temas sensibles como el de la propiedad intelectual”.
Uno de ellos es el artículo 403, que establece que el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que “menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad”.
Uno de los posibles problemas que podría traer la norma es la imposibilidad de que las empresas puedan usar o transformar productos biológicos. Al redactar esa normativa, dice Corral, se debió considerar parámetros técnicos y que su aplicación tenga un alcance universal.
