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Este 6 de febrero de 2026 las cancilleres Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, y Rosa Villavicencio, de Colombia, mantuvieron una reunión de trabajo junto a autoridades de ambos países para abordar de manera integral la relación bilateral.
El encuentro se centró en seguridad, control fronterizo, energía y comercio, en un contexto de alta tensión entre Quito y Bogotá.
Según el comunicado oficial, ambas delegaciones acordaron reforzar la coordinación en seguridad fronteriza y avanzar en acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional. Además, analizaron el estado de la cooperación energética, los mecanismos de colaboración judicial y los temas pendientes en la relación comercial.
Los dos gobiernos reiteraron su compromiso de mantener un diálogo permanente para superar las diferencias en el menor tiempo posible.
La reunión se da tras una escalada diplomática iniciada el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. Un día después, el país vecino respondió con medidas similares y suspendió la venta de energía a Ecuador.
La tasa ecuatoriana entró en vigencia desde el 1 de febrero, mientras que Colombia no ha aplicado formalmente su medida hasta este 6 de febrero.
Para Santiago Carranco Paredes, PhD, consultor internacional y director del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID, el conflicto debe analizarse desde la teoría de la interdependencia. “La relación Ecuador-Colombia es sensible, pero Ecuador es más vulnerable”, señaló.
Explicó que el país mantiene un déficit comercial cercano a 1 000 millones de dólares y no cuenta con la capacidad productiva ni logística para reemplazar rápidamente las importaciones colombianas. Esto encarecería el costo de vida de los ecuatorianos.
Carranco recordó que, desde hace años, Ecuador depende del suministro de energía proveniente de Colombia y que las economías de la zona fronteriza se sostienen en esta relación bilateral.
En ese escenario, el proceso electoral colombiano, previsto para mayo de 2026, colocaba al Gobierno de Gustavo Petro en una posición más sensible frente a un conflicto bilateral. Esto abría para Ecuador un mayor margen de negociación. Sin embargo, ese espacio no se utilizó de forma oportuna ni se convirtió en una estrategia diplomática concreta.
Todo comenzó a cambiar después de la reunión entre el Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Según Carranco, tras ese encuentro se evidenció una mayor disposición al diálogo, pero también un giro en el relato político, en el que Petro presentó el conflicto ante su opinión pública como una responsabilidad del Gobierno ecuatoriano, reduciendo así la capacidad de presión de Ecuador en la negociación.
El académico planteó tres escenarios. 1. Mantener los aranceles, con un impacto directo en el costo de vida y posibles protestas fronterizas. 2. Retroceder sin acuerdos, lo que fortalecería políticamente a Petro. 3. Alcanzar un compromiso en seguridad y eliminar la tasa, escenario que beneficiaría a ambos gobiernos.
A largo plazo, Carranco subrayó la necesidad de reactivar el plan binacional fronterizo. El mismo que está debilitado tras la ruptura diplomática posterior a la incursión de Ecuador en la Embajada de México, en abril del 2024. “Sin ese mecanismo, no hay coordinación sanitaria, social ni económica en la frontera”, concluyó.
Información externa: Daniel Noboa
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