A las 11:30 de ayer, alrededor de 30 ex trabajadores de la ensambladora de vehículos General Motors-Ómnibus BB esperaba su turno en el centro médico Biodilab, ubicado en la zona de la Plaza de Toros, para un control de salud, previo a la cancelación de sus respectivas indemnizaciones.
El pasado 31 de agosto, la empresa, que tiene 1 600 trabajadores, desvinculó al 12,3% de su personal, es decir, a cerca de 200 empleados del área operativa (suelda, pintura, ensamble, manejo de materiales…) y administrativa. La razón: la reducción de la producción en un 18% tras la aplicación de cupos para la importación de CKD (piezas).
“Tenemos que hacernos radiografías, exámenes de laboratorio y acudir a una consulta como parte de nuestra salida de la planta. Luego de eso vendrá el pago de nuestra liquidación. La mía, por cinco años es de USD 400”, dijo Marcelo P. (nombre protegido).
Él, como la mayoría de sus compañeros, prefieren no dar su nombre por temor a que no les cancelen sus haberes. Le preocupa, además, que los cálculos no estén correctos, por lo que ayer en la tarde, junto a otros siete ex obreros, acudieron a la Dirección Regional del Trabajo de Pichincha, para pedir asesoría.
Allí les indicaron que con base a la figura de despido intempestivo, el pago aproximado indicado por la empresa era correcto. Un documento entregado a los ex empleados el día de su despido, revela que se les canceló los proporcionales de décimos, de vacaciones, una compensación variable por trimestre, la indemnización (con base al contrato colectivo) y el 25% de la última remuneración por cada año de servicio.
General Motors-Ómnibus BB, a través de un comunicado, indicó que una delegación de 11 personas del Ministerio de Relaciones Laborales acudieron ayer a la empresa y comprobaron que se realizaron los pagos conforme a la Ley. Los ex empleados tendrán que acudir a la Dirección de Trabajo en los siguientes días para recibir su liquidación.
La compañía añadió que las otras ensambladoras: Aymesa y Maresa han mostrado interés por contratar al personal saliente. Esto se debe a que esas empresas están en un proceso de exportación a Venezuela, donde GM ya tiene su propia ensambladora.
Esta información fue corroborada por Maresa. La ensambladora indicó que exportarán 5 400 vehículos a Caracas y que para cubrir ese volumen de ventas deben aumentar la producción. Por ello buscan mano de obra y contratarán a 115 trabajadores, de los cuales una parte provendrá de los ex trabajadores de GM.
Uno de ellos es Jorge C. (nombre protegido), quien laboró 10 años y medio en GM como colocador de guardafangos. Recibirá alrededor de USD 7 900 de indemnización. A él le llamaron el pasado domingo de Maresa pidiéndole que acuda a unas pruebas entre miércoles y jueves. Aseguró que irá a la empresa porque necesita mantener a sus dos hijos.
Otros como Santiago A., quien laboró 22 años en el área administrativa de control de procesos, no recibieron esa llamada. Con los USD 40 000 que espera recibir pagará USD 20 000 que debe al Banco de Guayaquil por la compra de una casa y el resto prevé invertir en un negocio.
“También trabajaré con mi suegro. Eso es positivo. Pero hay otros que no tienen propuestas y eso debe ser preocupante”, dijo.
Él y otros ex trabajadores de GM reconocieron el golpe que ha sido la restricción de las importaciones y no saben si las demás ensambladoras sufren lo mismo.
Según Maresa el impacto ha sido similar, pero la firma tiene compromisos en firme con el exterior, que le permite aumentar su producción. Para el mercado local tuvieron que reducir el ensamblaje en un 10%.
La otra ensambladora en el país, Aymesa, no ha informado cómo está sorteando los cupos a las importaciones, aunque también puede estar ligado a mayores ventas al extranjero. Esta es una explicación que la comparte el analista Walter Spurrier, quien también cree que se debe revisar cómo se hizo el cálculo de restricción para las tres ensambladoras.
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