Una marcha contra la Corte y más denuncias en la Fiscalía

El cheque número 92132 del Banco del Pacífico, de propiedad de Cervecería Nacional (CN), con un valor de USD 500 000, pagado a Alfredo Larrea Jijón, hermano del Secretario de la Corte Constitucional, ha desatado un escándalo por una supuesta corrupción.

Ayer, el asambleísta Galo Lara, autor de la denuncia, rindió su declaración en la Fiscalía General del Estado y su denuncia incorporó nueva información.Dijo que hay otros dos pagos realizados por la empresa cervecera, uno por USD 500 000 y otro por USD 50 000, para “favorecer en un fallo a la Cervecería”.

La compañía enfrentaba un juicio por parte de los ex trabajadores que exigían una cancelación de USD 90 millones.

Por ello, el 6 de diciembre del 2010, la firma tuvo que cerrar sus puertas tras un fallo de la jueza temporal novena de la Niñez y Adolescencia de Guayas, Piedad Calva, quien prohibió la venta de las marcas Pílsener y Club.

Cuatro días después, sin embargo, tras la presión de varias autoridades del Gobierno, entre ellas las ministras Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, y la de Industrias, Verónica Sión, el juez Vigésimo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, ordenó el descongelamiento de las cuentas de la empresa y su reapertura.

Ese 8 de diciembre, el ministro de Justicia, José Serrano, expresó sus dudas sobre la probidad de la actuación de la Justicia en el fallo contra la empresa, pues conocía de indicios de aparentes actos de corrupción para beneficiar “intereses corporativos de bufetes”.

Por ello, Serrano anunció que pondría el caso en conocimiento del Consejo Consultivo de la Función Judicial, para la respectiva investigación. Pero no se supo nada sobre esa indagación y las dudas quedaron en el aire.

Esas dudas que volvieron a tomar cuerpo tras la denuncia de Lara, la semana pasada. Eso ha dado mayor ímpetu a los ex trabajadores quienes ayer volvieron a las calles, en Quito, a reclamar por utilidades no pagadas.

A las 09: 00, unos 400 ex trabajadores, no solo de la Cervecería, sino también ex empleados de Coca-Cola, marcharon desde la Corte Constitucional hasta la Asamblea. Pedían la renuncia de los magistrados de la Corte.

Carlos Sosa, uno de los representantes de los ex trabajadores de Coca-Cola señaló que se suman a la protesta. “Nosotros también somos víctimas. Somos 15 000 personas a nivel nacional y de distintas fechas de trabajo, a quienes nos deben utilidades desde 1984. No dejaremos de pelear por nuestros derechos”.

Con camisetas rojas, y portando un cheque similar al que supuestamente canceló la CN a Alfredo Larrea Jijón, los manifestantes llegaron a la Legislatura, donde apoyaron al asambleísta Lara.

Este, alrededor de las 10:00, tomó un taxi para desplazarse hasta la Fiscalía, donde era esperado para rendir su declaración. “¡Párense en Rumichaca, que se van a escapar por ahí!”, pedía el Asambleísta a las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Según el Legislador, Alfredo Larrea Jijón ha declarado cero impuestos en los ejercicios fiscales de los dos últimos años. Y, además, aseguró que el titular de la Corte, Patricio Pazmiño, en su declaración de bienes, mantiene una deuda con Larrea por USD 35 000. “Eso demuestra una relación. Exijo la renuncia de todos”.

Carlos Lucero, abogado de los ex trabajadores de la CN, también exhortó a la Fiscalía y a la Contraloría para que aclaren el tema. “La CN no ha desmentido que realizó el pago. La CN ha bajado el tono de su publicidad y su agresividad y más bien está teniendo una actitud pasiva, como ‘mea culpa”.

En este escenario, los directamente involucrados se han pronunciado también tibiamente. El secretario de la Corte, Arturo Larrea, en un pronunciamiento público, rechazó la denuncia que involucra a su hermano.

“En ningún momento, a lo largo de mi labor profesional aquí en la Corte, ha pasado bajo mi responsabilidad, tomar decisión alguna en las causas que se han ventilado. En referencia a las actividades profesionales y contractuales de mi hermano, Alfredo Larrea Jijón, estas son de su responsabilidad”.

Por su parte, los ejecutivos de la Cervecería han evitado pronunciarse respecto al pago, aunque Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos, reiteró que se trató de pagos de honorarios a bufetes de abogados que trabajan para la compañía.

Por su parte, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional llamará al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa para que informe sobre la situación de los ex trabajadores a quienes no se les habría cancelado valores correspondientes a las utilidades.