15 de February de 2011 00:00

El litigio entre la Cervecería y los ex empleados regresa a Guayaquil

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El litigio judicial que mantiene la Cervecería Nacional con 1 200 ex trabajadores retornará a las cortes de Guayaquil para su resolución.

Pese a que la Corte Constitucional tiene previsto dar a conocer hoy las directrices de a qué lugar se destinará el caso, se conoce que el expediente regresará a la Tercera Sala de la Corte de Guayaquil, para que revise el caso. Así, Roberto Guevara, Camil Intriago y Carlos Hoyos revisarán el proceso y tomarán una decisión.

Del lado oficial, los asesores del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, señalaron que a partir de este momento quien será la vocera oficial de todo el caso será la ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely. Asimismo, informaron que la Dirección de Trabajo de Guayaquil se encargará de llevar el proceso que está en marcha.

Aunque la maraña legal se aclara, los jueces han sentado antecedentes jurídicos delicados. Al haber emitido el fallo favorable, y luego haber dado marcha atrás, la credibilidad de la Corte Constitucional se resquebraja, según el constitucionalista Milton Castillo. “Desde el punto de vista jurídico, esa decisión ha impactado gravemente la institucionalidad. Si en el futuro vuelve a llegar a la Corte un tema similar, la Corte ya no podrá fallar contra los trabajadores, tengan o no tengan razón. Y eso preocupa, la desinstitucionalidad profunda de la Corte”.

Y, precisamente, los primeros síntomas de duda saltan entre los ex trabajadores, quienes no se convencen con la decisión de la Corte. Por eso hoy realizan un plantón en la Corte Provincial de Guayaquil para vigilar el proceso.

Arturo Cervantes, representante de los demandantes, también asegura que ahora el proceso regresa a la sala donde se emitieron las últimas resoluciones de los jueces. “Si no hay un pedido de audiencias de las partes, esto se resolverá en dos semanas. Y si la Cervecería pide una audiencia se demorará dos semanas más”.

Castillo coincide en ello al señalar que con la revocatoria del fallo de la Corte, el pasado viernes, todo vuelve al estado anterior de las sentencias que hayan estado vigentes y seleccionadas.

Los ex trabajadores reclaman el pago de USD 90,9 millones por utilidades, un proceso que ya dura tres años y que ha tenido su punto más escandaloso con la denuncia del asambleísta Galo Lara realizada a inicios de este mes.

El legislador denunció el pago de un supuesto soborno de USD 1,05 millones de la Cervecería a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón. La coima se habría cancelado para favorecer en un fallo definitivo a la compañía.

Al respecto, el presidente de la Cervecería, Roberto Jarrín, en un espacio de televisión pagada, aclaró que Alfredo Larrea fue contratado para brindar su asesoría profesional. “Los servicios fueron pagados en cumplimiento con las cláusulas contractuales, previa la presentación de las facturas autorizadas por el SRI con sus respectivas retenciones”.

Jarrín también dijo que colaborarán y se presentarán a todas las instancias legales en las que requieran su presencia. “Exigiremos también la explicación de cómo se obtuvo información bancaria protegida por la garantía del sigilo e interna de la empresa”.

Por el lado de los trabajadores, en cambio, la presión llegará para que se apliquen resoluciones de casos similares. Según Cervantes, “hay el antecedente de que el mismo ministro Richard Espinosa ya había dado un fallo a favor de trabajadores en el caso de la cementera Holcim. También en el caso de Andes Petroleum, la Corte apoyó el dictamen del Ministro y ordenó la cancelación”.

En todo este escenario, el principal implicado, Alfredo Larrea Jijón, ha decidido acogerse al derecho del silencio, mientras la Contraloría y la Fiscalía investigan la denuncia. Ambas instituciones tienen alrededor de 30 días para determinar si hubo o no un hecho de corrupción.

Los principales hechos dentro del turbulento litigio laboral

Julio 2008

La demanda inicia

Un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional demanda a la firma ante la Dirección del Trabajo de Guayaquil por el no pago de utilidades entre 1990 y el 2005.

Agosto 2009

USD 90,9 millones

Los ex trabajadores, que suman 1 200 personas, consiguen la evaluación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la presunta deuda. Ese valor es de USD 90,9 millones.

Enero 2010

El fallo público

La Dirección del Trabajo de Guayaquil cierra el trámite de demanda contra la Cervecería Nacional bajo el argumento de que no tiene competencia para conocer el caso.

Julio 2010

La ratificación

El ministro Richard Espinosa, con la causa en sus manos, decide que no tiene competencia para resolver el caso.

Septiembre 2010

Otra medida

Los ex trabajadores piden una acción de protección y exigen un trato como el de los casos Holcim y Andes Petroleum.

Octubre 2010

Contrarréplica

El juez 12 de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte acoge la acción de protección y deja sin efecto la resolución ministerial.

26 noviembre 2010

Medidas cautelares

Se plantea ante el juzgado Noveno de la Niñez y la Familia una acción de medidas cautelares contra la Cervecería.

1 diciembre 2010

Decisión polémica

La jueza novena Deysi Aveiga niega el pedido de la Cervecería de retirar el pedido de aplicar medidas cautelares.

5 de diciembre 2010

Sin cerveza

La Jueza ordena la aplicación de medidas cautelares contra la Cervecería y se ordena el cierre de sus operaciones.

10 de diciembre 2010

Reapertura

El juez vigésimo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández, desestima el fallo y se reabre la producción.

4 febrero 2011

El escándalo

El asambleísta Galo Lara denuncia un supuesto soborno de la firma por USD 1,05 millones a Alfredo Larrea Jijón.

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