Los debates de la mesa sectorial de la construcción se realizaron el miércoles 2 de agosto en Manta. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Modificar o derogar la Ley de Plusvalía fue la principal propuesta que se presentó este miércoles, 2 de agosto, en la mesa sectorial de la construcción.
Esta fue la tercera reunión como parte del plan de acción del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que arrancó el 31 de julio pasado, en Portoviejo (Manabí) y que luego continuó durante dos días en la ciudad de Manta.
El mecanismo fue el mismo que en los días anteriores. Se instalaron cinco mesas temáticas. Todas concordaron en un tema clave: la Ley de Plusvalía y su grave impacto en el sector.
“Confiamos en que los asambleístas tengan la sensibilidad para reconocer el error que existió en la promulgación de la ley. Esto ha causado un impacto en la paralización de las actividades, generando desempleo”, aseguró Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción.
El 24 de julio pasado, el presidente Lenín Moreno pidió que se revisara la polémica ley y su impacto negativo en la actividad, ya que la construcción es una de las áreas que más fuentes de trabajo genera.
En el primer trimestre del año fue el sector “con peor evolución”, reflejando una contracción del 7,3%, respecto al mismo período del 2016.
Uno de los puntos polémicos de la ley, publicada en el Registro Oficial el 30 de diciembre de 2016, es el impuesto a la ganancia extraordinaria en la segunda venta de inmuebles.
La normativa ha sido un “desincentivo” para los inversionistas, comentó Xavier Macías, presidente de la Cámara de la Construcción de Manta. “Si no hay una derogatoria de la ley pedimos una reforma”.
El representante del gremio dice que solo en el caso de Manabí hubo un repunte en la reconstrucción de infraestructura pública y viviendas en el último año, debido a las afectaciones del terremoto del 16 de abril del año pasado. Sin embargo, haciendo un análisis nacional, comentó que las inversiones han caído en un 50% en los dos últimos años.
El grupo de empresarios Proponle -que respaldó la candidatura de Moreno- propuso una consulta popular para reformar la ley. Pero esa iniciativa no tuvo el respaldo de todos los constructores y más bien insistieron en la derogatoria.
La mesa se instaló a las 09:00 sin la presencia de los ministros del área. Según organizadores del Ministerio de Industrias, para esta tercera reunión solo estaba prevista la asistencia de la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, quien finalmente no acudió. En su representación estuvo Axel Yépez, subsecretario del Ministerio, quien señaló que Vicuña tuvo que atender la agenda con el Jefe de Estado, en Quito.
Las propuestas para modificar la Ley de Plusvalía serán recogidas en un documento que servirá de insumo para las reformas en la Asamblea.
Yépez presentó un resumen del Plan Casa para Todos, un proyecto gubernamental que servirá para dinamizar al sector. Destacó que se tiene prevista la construcción de 325 000 viviendas durante tres años, de este número 191 000 se entregarían sin costo en los sectores más pobres.
Los constructores consideraron al proyecto como “ambicioso” y dinamizador de la economía. Sin embargo, creen que hay aspectos que deben definirse como quiénes asumirán el pago a los contratistas, qué entidad del Estado pagará la construcción de las viviendas, ya que hay varios ministerios involucrados en el programa.
Según Pita, les preocupa que el inversionista no tenga la certeza del pago. Señaló que por la experiencia con otros programas estatales, el paso final de la entrega y pago debe establecerse claramente, “ya que el constructor termina siendo el que entrega las casas al beneficiario y eso no debe ocurrir”.
Otras propuestas
Las cinco mesas sesionaron entre las 09:00 y las 10:00, y a las 12:30 se reunieron en una plenaria para resumir todas las propuestas. Otros planteamientos fueron generar más alianzas público-privadas para la inversión de obras de infraestructura, reducir los trámites para la obtención permisos, eliminar el anticipo al impuesto a la renta (IR), cambiar el sistema de contratación pública, entre otras.
Sobre este último punto, Carlos Repetto, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, aseguró que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se ha convertido en el “martirio” de los contratistas.
Mencionó que el sector privado quiere competir en igualdad de condiciones. “Sin privilegios, sin contratos a dedo. Eso debe cambiar”, añadió.
Los representantes de los gremios de la construcción también propusieron que debe existir un cruce de información entre todos los actores del sector, a fin de que conozcan las ofertas y demandas que están en el mercado.
Las propuestas que surjan de las mesas sectoriales no serán las únicas, sino “fuentes de insumos” para el Consejo Consultivo, según funcionarios gubernamentales en la reunión. También se realizarán reuniones bilaterales entre el vicepresidente Jorge Glas y otros gremios. Además, las propuestas estarán disponibles en sinagop.agricultura.gob.ec para que quienes estén interesados en enviar sus propuestas.
En contexto
El lunes 31 de julio arrancaron las mesas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, en Portoviejo. Hasta el miércoles 2 de agosto se realizaron tres de las 24 mesas previstas. La cuarta mesa sectorial se realiza hoy, en Daule (Guayas) para tratar el tema del arroz.
