La Ley de Inversiones evocó el tema de la privatización durante su segundo debate en la Asamblea Nacional. Este es el principal argumento de bancadas como Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik (PK) para pedir el archivo de la iniciativa legal.
Para el analista económico, Vicente Albornoz, el discurso de la privatización es de carácter político y no técnico. En eso también coincide Miguel Ángel Puente, experto y socio de Puente Asociados.
Ambos expertos recalcan que el proyecto se centra en reformas para potenciar la participación privada en obras y proyectos públicos, sin perder la propiedad.
El Gobierno ha planteado esta reforma para obtener ingresos, ante la falta de liquidez, para la gestión y ejecución de proyectos, principalmente de infraestructura. Con ello, además asegura que se logrará generar más empleo.
Mientras que la privatización está relacionada con la entrega de la propiedad del bien o servicio. Los ingresos generados ya son de propiedad directa del privado. Esta figura hace referencia a la venta de un activo público, dijo Albornoz.
“Ley de Inversiones que puede da paso a la privatización”
Para Puente, el proyecto de ley plantea distintas formas de conseguir la participación privada, a través de los contratos de Alianzas Público Privadas (APP). Entre ellos está la concesión, delegación y otros. “No se habla de privatización”.
No obstante, para la asambleísta Mireya Pazmino de Pachakutik (PK) la figura de delegación puede dar paso a la privatización, por las facilidades que se da al privado. También impulsará la precarización laboral de los servidores públicos que pasen a modelos contractuales de APP, dijo.
Por su parte, Blasco Núñez, asambleísta de UNES, dijo que la delegación de sectores estratégicos, que contempla el proyecto, faculta al Presidente de la República a entregar los activos públicos. Pese a que la norma señala que será en casos excepcionales, Núñez consideró que se “da una facultad omnipotente de privatizar tranquilamente diversas áreas”, dijo.
El asambleísta también señaló que hay preocupación que, con la norma, el sector privado cobre por servicios que ahora son gratuitos. “En salud le dirán este servicio es gratuito, pero la operación le cuesta. Le cubrimos unos dólares, pero el resto tendrá que pagar”.
Ante este tipo de preocupaciones con la figura de APP, la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, que analizó la propuesta de ley, puso límites o ‘candados’ para que no se trasgredan los derechos actuales.
Los ‘candados’ no son suficientes para consensos
Estas limitantes, sin embargo, no son suficientes para quienes están en contra del proyecto de Ley. El asambleísta Núñez señaló que si bien hay limitantes, hay vacíos legales y facultades para facilitar “la entrega” de los activos públicos.
Por su parte, Pazmiño señaló que la norma no es necesaria porque ya existen figuras que participan la participación privada en el sector público.
El presidente de la Comisión y proponente de la ley, Daniel Noboa, afirmó que no hay sustento para hablar de privatización. “Siguen hablando de este tema para ver si así confunden al pueblo”, aseguró.
Noboa agregó que el argumento de quienes se oponen es “lo que pueda pasar y no lo que dicen los artículos”. Acotó que las reformas sobre APP han sido reestructurados con aportes de asambleístas de diversas bancadas, para recoger diversos puntos de vista.
Este miércoles se hicieron nuevos ajustes al informe, para que pueda ser debatido este jueves nuevamente en el Pleno de la Asamblea.