Hasta la tarde de ayer, la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional continuaba recogiendo observaciones de integrantes de diferentes bancadas al proyecto de Ley de Control de Poder de Mercado (antimonopolio) para la votación del texto final, prevista para hoy a las 15:00.
La noche del pasado martes, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, suspendió el segundo debate de la normativa luego de que el titular de la mesa, Paco Velasco, pidiera 24 horas para incluir en el informe los planteamientos hechos por los asambleístas durante las siete horas que duró la sesión del Pleno.
Uno de los elementos nuevos dentro del texto es la prohibición para que una empresa imponga condiciones de compra injustificadas a sus proveedores, como por ejemplo, plazos de pago. También se considerará como abuso de poder de mercado la exigencia de prestaciones al proveedor que no tengan que ver con la venta.
Precisamente, en el nuevo texto se establece que para realizar un allanamiento en el domicilio de una persona que esté siendo investigada por abusos de poder de mercado será necesaria la orden de un juez de la jurisdicción en la que esté asentado el inmueble.
Con estas y las demás modificaciones, el oficialismo espera tener los votos que no logró la noche del martes. Pero en esa sesión plenaria tampoco existieron las voluntades necesarias para el archivo.
Cerca de las 19:30 de anteayer, Rafael Dávila (Alianza Libertad) planteó la moción de archivar el texto. Su propuesta fue apoyada por varios legisladores de la oposición, quienes aseguraban que la norma tenía vacíos, daba amplios poderes al Ejecutivo y había sido analizada en poquísimo tiempo.
La votación del planteamiento quedó para el final de la sesión. Mientras, cada vez se hacían más fuertes los rumores de que no había los 63 votos para aprobar el proyecto. Incluso, Vicente Taiano (Prian) hizo esa afirmación durante su intervención en el Pleno.
En medio de esos comentarios, los oficialistas se movían en la sala legislativa. Algunos se acercaban a conversar con representantes del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y de Alianza Libertad. Las gestiones parecían que daban resultados ya que pasadas las 21:00 el roldosista Abdalá Bucaram Pulley hizo observaciones al texto, pero recalcó“el buen trabajo” de Velasco en su tratamiento.
Las cosas se salieron de control cuando cerca de las 22:15 se produjo un cruce de palabras entre la oficialista Rossana Alvarado y Línder Altafuya (MPD). El opositor acusó al Régimen de tener estrechas relaciones con grandes grupos económicos como Eljuri. La respuesta de Alvarado fue presentar en el Pleno unas fotos de Altafuya entregando, sonriente, un premio a Jorge Juan Eljuri.
Esto exacerbó los ánimos en la sala. El emepedista pidió la palabra a Cordero pero este le negó. Se procedió a votar por el archivo de la ley pero no hubo los votos. Luego se dio paso a Velasco, quien en ese momento señaló que se acogerían las observaciones hechas.
En medio de gritos y consignas de lado y lado, el titular de la Legislatura suspendió la sesión y convocó a la votación para esta tarde.
Si el texto no se aprueba en la Asamblea, todos los cambios sugeridos hasta ahora quedarán en nada. Con ello, el documento inicial remitido por el Ejecutivo, hace un mes, se aprobará intacto, a través del Ministerio de la Ley.
La Comisión recogió 30 observaciones adicionales al documento
En el artículo 26 se establece que para determinar una práctica desleal basta constatar que un daño en los consumidores o, una afectación al orden público, sea potencial. Al final de esta palabra se agregó la frase “de acuerdo a lo establecido en esta Ley”.
La Comisión estableció que en el inciso cuarto del art. 48 se cambie la palabra ‘notificación’ previa por ‘aviso’ previo. Así, el texto determinará que no se requerirá aviso previo al denunciado para pedirle información.
A lo largo del texto se reemplazó la posibilidad de fijar medidas cautelares por medidas preventivas. Hasta la tarde de ayer se detallaba cuáles serán estas.
Otro de los cambios fue que la Junta de Regulación, mediante resolución , será quien admita las restricciones a la competencia.
En el Art. 36 se contempló que las atribuciones de la Junta de Regulación no serán otras que las establecidas en la Constitución para la función Ejecutiva.
No se pedirá agendas personales en las investigaciones.