La aerolínea nacional Ícaro busca la apertura al diálogo con las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil (DNAC) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), para superar su crisis. La firma pidió a la Superintendencia de Compañías, en mayo pasado, su disolución por una serie de problemas.
El vicepresidente de la compañía, Esteban Saltos, destacó ayer como una de las principales dificultades, el retiro del subsidio por parte del Estado a la gasolina que consumen sus aeronaves.
En el 2008, el presidente Rafael Correa determinó mediante Decreto Ejecutivo, la renovación de la flota aérea de las firmas nacionales como requisito para calificar al subsidio del combustible para avión jet fuel. Al no poder renovar su flota, Ícaro paga por cada galón de este tipo de gasolina USD 4, mientras otras aerolíneas solo pagan USD 1,50.
A ello se suma la suspensión de rutas de parte de la autoridad aeronáutica a Guayaquil y parte de sus vuelos para Galápagos por la falta de uso de estas frecuencia.
Además, el SRI determinó una glosa de USD 16 millones, por supuestamente pagar menos impuestos entre el 2004 y el 2005, ante lo cual inició un proceso coactivo e intentó subastar sus marcas y lemas.
Saltos señaló que las ventas anuales en esos años fueron de USD 26 millones por lo que nunca se podría generar una glosa de la magnitud que sostiene el SRI. “Creemos que debe ser un 70% u 80% menos”.
Explicó que se presentó un nuevo recurso de revisión de la glosa y pidió la apertura de la autoridades para superar la crisis.
También aclaró que el único avión a nombre de la compañía ha sido hipotecado en favor del IESS hasta que Ícaro pague una deuda de USD 1,9 millones por mora patronal, de la cual ha cancelado USD 400 000.
Pese a esta lista de problemas, Saltos anunció que hay inversionistas interesados en inyectar capital en la aerolínea y renovar su flota, lo que podría detener su proceso de disolución.