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Los habitantes de la comunidad Pedro de Escaleras, en la provincia del Azuay, Austro del Ecuador, aprobaron el avance de la mina Loma Larga, un proyecto minero del sur de Ecuador. La decisión se tomó por consenso durante el primer proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) que se realizó en Ecuador en el sector minero, informó María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), este lunes 19 de mayo de 2025.
Esta primera consulta previa se dio en esta comunidad cumpliendo la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Azuay del 2023. Además, acata lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el país desde hace 20 años, agregó Silva.
“Este es un hito histórico. Por primera vez en el país se ha llevado una consulta previa libre e informada en minería, tal como reza en el convenido 169 de la OIT”, dijo. Asimismo, señaló que el “proceso se ha llevado con total éxito”.
Además, agregó que el 100% de las personas consultadas se mostraron a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga para que avance a la construcción.
El proceso arrancó en junio de 2024, liderado por el Ministerio de Energía y Minas, con asistencia técnica de la OIT. La Defensoría del Pueblo verificó el cumplimiento de cada etapa. Pese a que la Ley de Consulta Previa aún no ha sido aprobada por la Asamblea, tanto la Corte Constitucional como la OIT han ratificado que su inexistencia no puede ser excusa para incumplir este derecho colectivo.
El abogado constitucionalista Emilio Suárez enfatizó que la consulta garantizó el derecho a la participación de la comunidad y respetó los estándares nacionales e internacionales.
El resultado fue claro: los habitantes de Pedro de Escaleras respaldaron por consenso el cambio de fase del proyecto minero Loma Larga, dijo Suárez.
Además, Suárez señaló que la empresa Dondee Precious Metals, a cargo del proyecto, no participo en ninguna de las etapas del proceso de la consulta previa. Todo estuvo a cargo del Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, como lo establece la normativa nacional e internacional.
Este aval permite avanzar hacia la fase de construcción del proyecto, que prevé una inversión superior a los 400 millones de dólares y la generación de más de 1 500 empleos directos. La ejecución del proyecto queda sujeta a la obtención de la respectiva licencia ambiental, que permitiría entrar en la fase de construcción del proyecto. Está previsto que se empiece a finales del 2025.
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador subrayó que este proceso marca un antes y un después. “Demuestra que sí se puede cumplir con los estándares internacionales y dialogar de forma transparente con las comunidades para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible”.
La CME resaltó además que, en un contexto en que la minería ilegal prolifera y causa daños ambientales, sociales y económicos, la minería legal y responsable se convierte en una alternativa urgente. Con ella se podrá atraer inversión, generar empleo y preservar los derechos colectivos, señaló.
La institución aplaudió la voluntad del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, de avanzar hacia el cumplimiento de derechos y el desarrollo sostenible del país.
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