
Ecuador anunció un aumento del arancel al 100% para productos colombianos, medida que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026.
La Cámara de Comercio de Guayaquil informó que esta decisión representa un incremento significativo respecto a la tarifa inicial del 30%, que ya había sido elevada al 50%.
Este cambio profundiza los impactos en las importaciones, que han caído un 61%. A pesar de esto, el comercio entre Ecuador y Colombia se mantiene, aunque con un recargo del 50%, lo que encarece las operaciones comerciales y afecta la economía ecuatoriana.
Las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia también sufrieron una reducción del 16%. En este contexto, Ecuador y Colombia han construido una relación comercial relevante en la región durante casi sesenta años, sostenida por una vinculación histórica entre sus sectores productivos, sus cadenas logísticas y un intercambio permanente de bienes y servicios que genera empleo, inversiones y oportunidades a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, las diferencias políticas entre ambos países no deben comprometer los objetivos legítimos de reforzar la seguridad fronteriza y combatir el narcotráfico, ni poner en riesgo el patrimonio comercial construido durante más de seis décadas de integración económica consolidada.
En un comunicado oficial, Fedexpor hizo un llamado a los gobiernos de Ecuador y Colombia a desescalar las medidas de incremento arancelario, tomando al marco comunitario andino como punto de partida para resolver las diferencias que afectan a ciudadanos, empresas, comercio e integración de ambas poblaciones.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, instó a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro a resolver sus diferencias sin afectar el comercio. “No tiene ningún sentido que pongamos a nuestros trabajadores, a nuestras empresas, a nuestros consumidores a ser la moneda de cambio de una diferencia entre dos gobiernos”, afirmó Mac Master.
El presidente Petro calificó el aumento del arancel como una “monstruosidad” y advirtió que podría marcar el fin de la participación colombiana en el esquema andino de integración. Noboa defendió su decisión al señalar que responde a la falta de compromiso del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Además, destacó que las medidas implementadas en la frontera norte han reducido las muertes violentas en un 33%.
El Comité Empresarial Ecuatoriano expresó su preocupación por el impacto negativo que tendrá esta medida sobre el comercio ya disminuido entre ambas naciones.
La Comunidad Andina también mostró su inquietud por las decisiones tomadas, indicando que generan efectos adversos tanto para Ecuador como para Colombia y podrían incidir en los compromisos internacionales asumidos.
Desde hace más de cinco décadas, Ecuador y Colombia mantienen acuerdos comerciales. Sin embargo, estas nuevas medidas están generando efectos contrarios a los esperados en la frontera norte.
El transporte formal ha disminuido un 70%, dejando vehículos paralizados y afectando aproximadamente a 15 000 empleos directa o indirectamente.