“España vive uno de sus momentos más dramáticos“. Bajo esta premisa, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pasó hoy a desgranar las primeras medidas del mayor plan de recortes en la reciente historia de la democracia española, unas medidas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó hoy mientras en el país arrecian las protestas.
Hay “miles de españoles que viven al límite de sus posibilidades” y el gobierno sabe que les está pidiendo “esfuerzos adicionales” con un objetivo común: “tener un futuro”, dijo en tono grave.
Rajoy y su consejo de ministros dieron hoy el primer paso del recorte sin precedentes anunciado por el jefe del Ejecutivo el miércoles en el Congreso de los Diputados.
Se trata de un ajuste de 65 000 millones de euros a lo largo de dos años y medio que afecta en especial a los desempleados, a las personas dependientes y a los funcionarios, pero también a toda una sociedad que desde hace cuatro años vive bajo una crisis económica en la que aún no se divisa la salida del túnel.
España tiene más de 5,6 millones de desempleados, un 24,44 por ciento de la población activa (la mayor tasa de la Unión Europea), y una economía que en el primer trimestre ha vuelto a entrar en una recesión que el gobierno augura que se prolongará en 2013. A todos ellos, la vicepresidenta les pidió un “esfuerzo de unidad y responsabilidad”, “esfuerzos adicionales” con un objetivo común: “tener un futuro”.
El Ejecutivo del conservador Partido Popular (PP) aprobó hoy una fuerte subida del IVA, que en su tramo general pasará del 18 al 21 por ciento a partir de septiembre.
También recorta las prestaciones por desempleo para los nuevos parados desde el sexto mes y la supresión de la paga extra de Navidad en este 2012 para los funcionarios y altos cargos de la administración.
Los miembros del gobierno, incluido Rajoy, también se bajarán el sueldo un 7,1 por ciento. Las medidas “no son sencillas ni fáciles ni populares”, admitió la vicepresidenta, mientras en las calles del país arreciaban las protestas de los funcionarios, a los que el gobierno también suprime algunos de los días de libre disposición que tenían hasta ahora.
El sindicato mayoritario de la función pública, CSI-F, decidió hoy convocar una huelga general en septiembre.
La fecha la fijarán la semana que viene en coordinación con los dos grandes sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Una de las protestas más sonadas de hoy, por su valor simbólico, fue la de los propios trabajadores públicos del Palacio de la Moncloa. Con gritos de “¡Así no!” y pitos, recorrieron los edificios del palacio de gobierno y abuchearon a los ministros a su llegada a la reunión del gabinete en el que se aprobaron los recortes.
Las protestas, que aseguran que seguirán protagonizando a diario, se produjeron también en otros puntos de Madrid. Cientos de funcionarios se concentraron en la Puerta del Sol, otros cortaron el tráfico en el céntrico Paseo de la Castellana y en otros puntos y trabajadores públicos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se plantaron junto al cuartel general del PP.
La policía acordonó el Congreso de los Diputados para disuadir a los manifestantes, después de que la víspera se vivieran allí momentos de tensión.
El movimiento de los indignados llamó hoy a apoyar a los funcionarios con manifestaciones por la tarde ante la cámara y las sedes del PP y del Partido Socialista (PSOE).
CCOO y UGT han advertido de que no descartan una nueva huelga general, tras la que hicieron en marzo contra la reforma laboral, y para el jueves de la semana que viene han convocado manifestaciones en toda España.
El consejo de ministros de hoy, calificado por algunos como el “consejo de los recortes”, se celebró en su primera parte en el Palacio de la Zarzuela bajo la presidencia del rey Juan Carlos.
Allí, el monarca reclamó al Ejecutivo que nadie “quede excluido” de la recuperación económica a la que aspira España. Tradicionalmente, el rey preside el primer consejo de ministros de cada nuevo gobierno, pero no lo hizo a finales del año pasado, cuando Rajoy llegó a La Moncloa.
El acto quedó postergado y al final se celebró hoy, coincidiendo con un gabinete de gran relevancia. De regreso en La Moncloa, tras la cita con el rey, fue cuando Rajoy y sus ministros aprobaron las medidas.
El plan de ajuste se apoya en dos pilares: un esfuerzo de consolidación fiscal vía gasto e ingresos y reformas estructurales para el crecimiento económico y la creación de empleo. El gobierno sacará adelante 20 leyes en el segundo semestre para reformar la administración pública, ganar competitividad y crecer. “No tenemos más remedio para tapar nuestros agujeros”, dijo la vicepresidenta. “Es el momento de cambiar cosas que no funcionan”, señaló, e intentó mandar un mensaje de “esperanza”: “Éste es el camino”.