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Equilibrio fiscal, tema pendiente en la ley

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana (I), anunció la firma de contratos de inversión por USD 9 435 millones. Foto: Mario Fausto / EL COMERCIO

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana (I), anunció la firma de contratos de inversión por USD 9 435 millones. Foto: Mario Fausto / EL COMERCIO

Ayer (26 de junio del 2018) se efectuó una rueda de prensa sobre el tema de los Quito Cables. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Alcanzar estabilidad fiscal, equilibrio de la balanza de pagos, crecimiento económico, mayor productividad, inversión privada y más empleo son los principales retos de la economía ecuatoriana.

En este contexto, el Gobierno espera que Ley de Fomento Productivo, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, contribuya a alcanzar estos objetivos.

El texto plantea, por ejemplo, que en un plazo de tres años el país elimine el déficit fiscal primario, es decir, se lograría en el mediano plazo, cuando el Gobierno culmine su mandato.

Sin embargo, en este período no regirá el límite de endeudamiento de 40% del PIB permitido por ley. Y en la situación económica actual, “la preocupación es que el Gobierno no reduzca el tamaño del Estado para alcanzar ese equilibrio”, comentó la Asambleísta Ana Galarza, de Creo.

La propuesta inicial del Ejecutivo era alcanzar un equilibrio fiscal a través de la reducción de gasto, pero en el texto aprobado por la Asamblea no se habla de recorte de gastos.

La Ley, en cambio, podría generar cierta liquidez al Fisco en el corto plazo. Con la amnistía tributaria, el Gobierno previó el ingreso de USD 602 millones en este año.

Pero esos recursos resultan insuficientes frente a las necesidades de financiamiento, que representarán el 9,2% del PIB. Además, se espera que este año el déficit fiscal global cierre en casi USD 8 000 millones.

En el plano productivo, Marco Flores, exministro de Finanzas, aclaró que la ley no es un programa económico, porque no tiene metas claras de crecimiento ni de empleo.

“En el 2015 ya se aprobó una remisión y el sector privado prometió que aumentaría la inversión y la contratación, pero eso no sucedió”, indicó.

El Frente Único de Trabajadores (FUT) coincidió en que la norma no está encaminada a generar nuevos empleos. José Villavicencio, representante del gremio, cuestionó que la ley no establece acciones concretas en el tema laboral, ni especifica cuántas fuentes de trabajo se crearán con los cambios propuestos.

Pero el sector privado, que contrata el 90% de mano de obra en el país, tiene confianza en que la ley sí ayudará a la reactivación productiva, a través de nuevas inversiones.

El Gobierno y un grupo de empresas firmaron convenios de inversión por USD 9 435 millones a mediados de este mes, y esperaban la aprobación de la Ley para concretar el ofrecimiento. De ese monto, el 85% es inversión extranjera, lo que significará el ingreso de recursos frescos en cuatro años, permitirá un crecimiento anual del PIB del 1% y la creación de 232 000 plazas de empleo.

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, consideró que fueron positivos los ajustes como la corresponsabilidad accionaria o los cambios en el cálculo del anticipo al impuesto a la renta.

Afirmó que, actualmente, el sector tiene una excesiva carga tributaria, tramitología innecesaria, inflexibilidad en temas laborales, entre otros problemas, que no se van a solucionar solamente con la ley.

Para ello, pide también reformas al Código de Trabajo, revisión de las tarifas eléctricas para la industria, incentivos para la reducción de los costos de producción y otros.

Los incentivos para la atracción de nuevas inversiones permitirán dejar atrás la dependencia del petróleo y de los recursos estatales, señaló Daniel Legarda, presidente ejecutivo de Fedexpor, quien espera que el Ejecutivo no demore en validar la ley. “Mucha de la normativa requiere de reglamento. El país no se puede dar el lujo de esperar mucho tiempo (para la aplicación de los beneficios)”, dijo Legarda.

Otros incentivos, como la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD), generan riesgos para el analista Juan Pablo Jaramillo. Cree que eso incentiva la salida de divisas al exterior, debilitando la balanza de pagos. “La reforma no soluciona el problema del incremento de importaciones que generan mayor salida de divisas”.