Las autoridades del sector eléctrico no pudieron cumplir con el plan de electrificación que tenían en su agenda y decidieron, nuevamente, declarar una emergencia para entregar directamente un contrato de USD 222 millones para garantizar la provisión de energía eléctrica en este estiaje.
No es la primera vez que se utilizan las declaratorias de emergencia para conseguir en pocos días lo que no se pudo hacer en meses.
A raíz de los apagones ocurridos entre los años 2009 y 2010, el Gobierno declaró una emergencia para comprar y alquilar energía termoeléctrica a costos elevados, debido, entre otras cosas, a que no cumplió con el Plan de Electrificación.
Bajo el argumento de que no hay energía más cara que aquella que no existe, y que la partidocracia no hizo nada en los últimos 25 años, el Régimen se dio el lujo de pagar a empresas privadas hasta cuatro veces más por la compra de energía.
Y una situación como estas era previsible de que sucediera, puesto que en época de emergencias eléctricas solamente hay espacio para propuestas costosas, principalmente porque se exige la disponibilidad rápida de dicha energía. Esto último excluye las ofertas de centrales termoeléctricas más eficientes -y por tanto más económicas- que tardan un par de años en concretarse.
Sin embargo, lo que no era previsible es que luego de los apagones las autoridades del Gobierno no hayan corregido los errores para contar con nueva energía y ahora se vean ‘obligadas’ a hacerlo a través de una nueva declaratoria de emergencia.
Durante este quinto año de Gobierno Nacional ya no es presentable culpar a la partidocracia y menos acudir a las emergencias para justificar la falta de eficiencia.