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Ecuador enfrentará en 2026 una fuerte necesidad de financiamiento para cubrir su presupuesto. Según el Presupuesto General del Estado (PGE), el país requerirá más de 16 000 millones de dólares en 2026 para cubrir su déficit fiscal y cumplir con el pago de deudas acumuladas.
El Gobierno de Daniel Noboa prevé un déficit fiscal de 5 414 millones de dólares en 2026, equivalente al 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), según la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) presentada a la Asamblea Nacional el 31 de octubre de 2025.
Este déficit fiscal surge, ya que los gastos públicos superan a los ingresos. Para el próximo año, los ingresos del Estado sumarán 30 120 millones de dólares, mientras que los gastos alcanzarán 35 534 millones de dólares.
Sin embargo, las necesidades de financiamiento llegarán a los 16 055 millones de dólares en 2026.
El economista Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que las necesidades de financiamiento son los recursos que el Estado requiere para cubrir el déficit fiscal y pagar deudas de años anteriores.
Ecuador registra déficits fiscales consecutivos desde 2009, lo que ha obligado al Gobierno a endeudarse cada año no solo para cubrir los gastos corrientes —como sueldos, subsidios y servicios públicos—, sino también para pagar los compromisos adquiridos en años anteriores.
En términos simples, representan el dinero adicional que el país necesita para equilibrar sus cuentas, incluyendo nuevo endeudamiento e intereses de deuda vencida.
Para el año 2026, estas necesidades ascenderán a 16 055 millones de dólares. De esa cifra, 15 263 millones de dólares provendrán de nuevos préstamos, mientras que 792 millones de dólares corresponderán a variaciones en títulos valores y otros instrumentos financieros.
Según la Proforma del Presupuesto General del Estado, el 51,3% de esos préstamos será de origen interno, y el 48,69% vendrá de fuentes externas, como organismos multilaterales y emisiones de bonos.
Así, el Gobierno priorizará deuda interna y créditos externos con organismos multilaterales, especialmente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar proyectos de infraestructura. Además, se prevé una emisión de bonos externos por 3 000 millones en el segundo semestre de 2026, explicó Salvador.
La abultada necesidad de financiamiento se debe al elevado servicio de la deuda pública — pago de intereses más amortizaciones de deuda—, que ascenderá a 12 821 millones de dólares, equivalente al 28% del Presupuesto General del Estado.
En términos simples, por cada 100 dólares de gasto público, 30 se destinarán al pago de deuda, lo que reduce la capacidad del Gobierno para invertir en obras y servicios, explicó Salvador.
Según el análisis de Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, la emisión de deuda interna por 7 831 millones de dólares “luce desproporcionada”, ya que el Estado enfrenta dificultades para renovar vencimientos con el sector privado, gobiernos locales, jubilados y proveedores.
Además, advierte que las proyecciones de desembolsos externos por 7 397 millones carecen de sustento. En el marco del acuerdo con el FMI, se estiman apenas 2 867 millones de dólares de préstamos multilaterales y 4 800 millones de dólares en total, incluyendo 1 000 millones de dólares de bonos de alto riesgo.
La Asamblea Nacional dispone de 30 días para aprobar o modificar la proforma presupuestaria remitida por el presidente Daniel Noboa, el pasado 31 de octubre.
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