Ecuador cumplirá con el laudo en el caso Perenco

Instituciones de Ecuador aseguran que el país sudamericano cumplirá con el laudo que ordena a pagar más de USD 374 millones a la petrolera Perenco. Foto: Twitter de Procuraduría General del Estado

La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Finanzas aseguraron este 1 de agosto del 2022 que Ecuador cumplirá con el laudo que surgió a raíz de una disputa con la petrolera anglo-francesa Perenco, aunque no ha recibido ninguna notificación. 

Las instituciones ecuatorianas reaccionaron mediante un comunicado tras conocerse este lunes 1 de agosto, a través de Reuters, que una autoridad judicial de Luxemburgo ordenó a los bancos que congelen los activos en poder de Ecuador en cuentas de ese país, con el argumento de que Ecuador sigue sin pagar la indemnización de USD 391 millones, según Perenco. 

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas informa que hasta la tarde de este 1 de agosto no ha recibido una “notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero”. 

Sin embargo, el Ministerio señala que, acompañado de la Procuraduría, continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con Perenco. Una vez hechos los pagos, afirma, le corresponderá a la Procuraduría coordinar con las entidades públicas correspondientes iniciar los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de que el Estado fuera condenado internacionalmente

Laudo 

La Procuraduría y Finanzas estiman que la retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo, dictado el 12 de septiembre de 2014, por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

El proceso arbitral inició el 30 de abril de 2008, Perenco exigía originalmente el pago de USD 1 423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006, explican las instituciones. 

En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos. Ese porcentaje se incrementó al 99%, mediante el Decreto Ejecutivo 662 de 4 de octubre de 2007, dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa, justifican. 

Por ello, el Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 374 373 154. 

El 1 de junio del 2021, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso ya refirió que el Estado ecuatoriano respetaría y “honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso”. Por lo que se mantendría contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución.  

“El Gobierno del Encuentro, siempre en favor de los intereses nacionales, solicitará a las autoridades competentes el inicio de las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables”, se señalaba en un comunicado oficial de esa fecha. 

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