Ambas compañías extraían crudo de los bloques 7 y 21 en la amazonía ecuatoriana hasta julio del 2009, cuando dejaron de operar luego que el Gobierno embargara su producción para cobrar una deuda de USD 327 millones por la aplicación de la Ley 42. La normativa determinaba una participación estatal del 99% en los ingresos extraordinarios por los altos precios del petróleo.
Tanto Perenco como Burlington respondieron a esa Ley con dos demandas de arbitraje ante el Centro de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), en el 2008, por montos superiores a USD 440 millones.
En este proceso, la Procuraduría informó ayer que el 30 de septiembre pasado se presentaron dos contrademandas por daños ambientales y mal estado de la infraestructura y equipamiento, luego de que Burlington abandonara esos bloques petroleros.
Por ambas demandas, el Estado exige de la petrolera estadounidense una indemnización por USD 504 millones.
Técnicos de la Procuraduría, informaron a este Diario que se prepara un conjunto de demandas similares contra la francesa Perenco para los próximos meses.