
La decisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de intervenir en el conflicto comercial entre Ecuador y Colombia busca frenar las restricciones aplicadas entre ambos países. Además, intenta evitar un deterioro en la credibilidad del sistema de integración andino y en la confianza sobre los acuerdos comerciales regionales. El organismo regional otorgó un plazo de diez días para desmontar las medidas restrictivas que ambos países mantienen en esta disputa.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que la resolución de la CAN está siendo analizada de manera coordinada entre distintas instituciones del Estado.
Según la entidad, este tema corresponde constitucionalmente a la Procuraduría General del Estado, con sustento técnico del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEI), sin perjuicio de la intervención de otras instituciones competentes.
Además, la Cancillería ecuatoriana indicó que en el análisis participan entidades como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el MPCEI, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene el acompañamiento en el ámbito diplomático.
El exministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, afirmó que el conflicto evidencia que la CAN reaccionó tarde ante una disputa que nunca debió escalar. Según Prado, el organismo andino pudo haber activado mecanismos diplomáticos desde el inicio para evitar restricciones severas en el comercio bilateral. Recordó que ya existían antecedentes jurídicos en Ecuador sobre medidas similares consideradas incompatibles con las normas andinas, lo que hace previsible el desenlace actual.
Prado también sostuvo que este conflicto deja un precedente delicado para el sistema de integración regional, ya que las restricciones se utilizaron para responder a problemas de seguridad, no a temas estrictamente comerciales. Sin embargo, descartó un riesgo real de desaparición de la CAN, argumentando que los beneficios económicos y comerciales del bloque son superiores a cualquier escenario fuera del acuerdo regional.
El exministro advirtió que una eventual salida de Ecuador o Colombia tendría profundas consecuencias económicas, afectando el comercio, tránsito de mercancías y cooperación regional. “Abandonar la CAN sería perjudicial para cualquiera de los países miembros, considerando que el bloque es uno de los acuerdos de integración más avanzados del continente”, sostuvo Prado.
Desde otra perspectiva, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, considera que el verdadero reto para la CAN es demostrar su capacidad para hacer cumplir las normas comunitarias. Si la resolución emitida por el organismo logra detener la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, podría salir fortalecida al demostrar su estructura supranacional capaz de limitar decisiones unilaterales.
Acosta Burneo también destacó que este conflicto pone a prueba la utilidad práctica del sistema andino de integración y la confianza de inversionistas en las reglas regionales. La existencia de una institucionalidad capaz de corregir medidas arbitrarias genera seguridad jurídica y estabilidad para el comercio dentro del bloque.
Pablo Hidalgo, docente de la Business School UIDE, considera que uno de los principales riesgos es el impacto reputacional que este conflicto puede generar para Ecuador. Si un país miembro desconoce acuerdos previamente firmados, envía una señal de inestabilidad a otros socios comerciales e inversionistas internacionales.
Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, coincidió en que el conflicto genera incomodidad e inestabilidad dentro de la CAN. Recordó que el sistema andino fue creado para facilitar el libre comercio y eliminar barreras comerciales entre sus miembros. Las restricciones actuales afectan gravemente al espíritu del acuerdo regional.
A pesar del conflicto actual entre Ecuador y Colombia, los especialistas coinciden en que la CAN difícilmente desaparecerá como organismo regional. El desafío será demostrar capacidad de reacción y lograr que los países miembros respeten los acuerdos suscritos para evitar un mayor deterioro en la integración andina.