El 14 de febrero de 2017 la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) notificó el registro de la solicitud de anulación hecha por el estado ecuatoriano a los laudos arbitrales final y por contrademandas, emitidos el 7 de febrero de 2017, en el caso planteado por Burlington, ante una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con EE.UU.
El anuncio lo hizo la Procuraduría el pasado 15 de febrero del 2017 a través de un comunicado de prensa.
El 7 de febrero del 2017 un tribunal arbitral emitieron un laudo con el que desestimaron el valor de USD 1 515 millones solicitados por la compañía y fijaron como monto de compensación que deberá realizar el Ecuador a la demandante de USD 379´802.267 más intereses.
Sin embargo, el Tribunal aceptó la contrademanda del Ecuador y declaró que Burlington es responsable de los costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de la infraestructura de los Bloques 7 y 21, por los daños ocasionados por la inversionista y su socia en la operación, por lo que le condena al pago de USD 41,8 millones.
La solicitud de anulación del laudo fue presentada el 13 de febrero de 2017 debido a que, según la Procuraduría, los laudos incurrieron en algunas de las causales de anulación previstas en el Convenio Ciadi.
La entidad dijo que hubo falta de motivación “al haber adoptado una interpretación del Art. 74 número 4 de la Ley de Hidrocarburos que no fue parte del análisis dentro del proceso”.
Según la Procuraduría, la Secretaria General notificó a las partes con la suspensión de la ejecución del laudo, la misma que deberá ser ratificada por el Comité de Anulación una vez posesionado. Con esta decisión preliminar cualquier intento de ejecución del laudo se encuentra suspendido.
El Procurador, Diego García, reiteró, además, que laudos como estos “solo ratifican la necesidad de una reforma al sistema de inversiones y la implementación de mecanismos de revisión que logren un adecuado equilibrio entre los intereses de los Estados y de los inversionistas”.