La defraudación tributaria en el Ecuador se castiga hasta con 10 años de cárcel. Así lo señala el Código Integral Penal (COIP).
Este delito se configura cuando una persona o empresa oculta, omite, falsea o engaña a la Administración Tributaria. Esto con el fin de dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden.
Estas acciones se consideran defraudación tributaria
Cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) sospecha, evidencia o descubre una presunta defraudación tributaria debe denunciarla a la Fiscalía. Así lo señala Carlos Calero, director de la firma El Asesor Contable.
Existen 20 acciones que son consideradas fraudulentas, dentro de este tipo de delito. Estas son algunas de ellas:
- Utilizar identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias.
- Imprimir o usar comprobantes de venta o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria.
- Proporcionar informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.
- Hacer constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.
- Simular uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal.
- Obtener indebidamente una devolución de tributos, intereses o multas.
- Utilizar personas naturales interpuestas, o personas jurídicas fantasmas o supuestas, residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdicción, con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La defraudación tributaria se castiga con cárcel
Según el COIP, la defraudación triburaria se castiga con uno a 10 años de cárcel, dependiendo el tipo de hechos fraudulentos, cometidos en este delito.
La Ley establece que se aplicarán penas máximas en cada caso, según el monto de defraudación. También se sanciona con el máximo de pena y se considera defraudación agravada, cuando hay participación de uno o más funcionarios o servidores de la administración tributaria. Esto acarreará la destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores.
Para los delitos de defraudación tributaria también existen el pago de multas. Por ejemplo, las personas jurídicas, sociedades o negocios que cometan esta falta serán sancionados con pena de extinción de la persona jurídica y un pago de 50 a 100 salarios básicos unificados.
El SRI ha señalado que lleva a cabo un proceso municioso de control de la evasión tributaria. En ese sentido, la directora de la entidad, Marisol Andrade, informó en la rendición de cuentas que se ha recuperado USD 759 millones mediante acciones de cobro y USD 739 millones por procesos de control.