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14 años de debate, para focalizar subsidios; Gobierno y transportistas en diálogo

El presidente de la República, Guillermo Lasso, en un encuentro el pasado 8 de junio con el gremio de transporte. Foto: Archivo EL COMERCIO

Desde tarjetas inteligentes hasta compensaciones directas mediante facturas se han planteado en el país como vías para focalizar los subsidios a los combustibles, aunque ninguna ha prosperado.

Hoy se inicia un nuevo diálogo para avanzar en ese objetivo. El presidente Guillermo Lasso se reunirá, a las 16:00, con los cinco delegados del sector de transporte para arrancar las conversaciones.

Esta es la primera cita luego de que el 8 de junio pasado se acordara formar una comisión con los transportistas.
De aquí en adelante, las reu­niones con los delegados de los transportistas se realizarán semanalmente en el Ministerio de Transporte, con la presencia del titular de esa Cartera, Marcelo Cabrera; de Gobierno, César Monge; y de Energía, Juan Bermeo.

El debate sobre una salida al subsidio de los derivados lleva 14 años en el país. En el 2007, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) planteó al Gobierno de la época eliminar el subsidio y dar una compensación económica directa a la gente vía planilla de luz.

El Gobierno de Rafael Correa creía que era difícil de aplicar y, en su lugar, lanzó en el 2014 un plan para reemplazar las cocinas a gas por las de inducción. La idea era que los hogares usaran electricidad para cocinar y en el 2018 eliminar el subsidio al gas, pero eso no ocurrió y el plan de inducción se fue desmantelando.

Para focalizar los subsidios también se pensó en mecanismos dirigidos al transporte, a fin de que el alza no se trasladara al usuario final.

Bajo ese concepto, en el 2018 el Gobierno de Lenín Moreno subió la extra de USD 1,48 a 1,85 y dispuso crear una tarjeta para que el taxismo tuviera un cupo de derivados con subsidio.

A pesar de que taxistas de varias provincias adquirieron las tarjetas, el beneficio nunca llegó, dijo Carlos Brunis, titular de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. “Al parecer, la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios no tenían las bases de datos. La medida no se concretó y el afectado fue el transportista”.

En julio del 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advertía que la subvención a los derivados beneficiaba más a los hogares ricos que a los pobres, por lo que su eliminación generaría ahorros de USD 2 300 millones al año e, incluso, beneficios ambientales.

Para mitigar el efecto negativo que tendría en el 40% de hogares más pobres planteó una combinación de dos medidas.

La propuesta fue subir en unos USD 50 el bono de desarrollo y ampliar la base de beneficiarios. En el caso del subsidio al gas, el BID sugirió dar vales para canjearlos por un ­cilindro al mes.

Ambas medidas debían ir acompañadas de atención médica y vales de comida gratuitos para los hogares pobres.
En julio del 2019, el Gobierno de Moreno también empezó un estudio, con apoyo del Banco Mundial, para diseñar mecanismos de focalización.

Estaba previsto que el estudio tomara un año. Pero antes de que termine, en octubre del 2019 Moreno decretó una eliminación total de los subsidios al diésel y a las gasolinas. Como compensación, dijo que subiría el bono en USD 20.

La decisión de ‘shock’ desató violentas protestas que terminaron con la derogatoria de la medida solo 13 días después.
Luego emitió el Decreto 894, en donde dispuso la elaboración “inmediata” de una política de focalización. Se habló de censar a los vehículos rurales, pero los datos no se levantaron, reconoció el exministro de Agricultura Xavier Lazo.

En mayo del 2020, Moreno puso en marcha un sistema de ajuste progresivo. Desde entonces, el precio del diésel subió 52% y el de la extra, 19%.

El taxismo llega a la reunión de hoy con una propuesta para mitigar el alza: facturación con código QR para acceder a un cupo de gasolina subsidiada. Según Brunis, una distribuidora ya tiene el sistema y sirvió para presentar el proyecto al Gobierno anterior.

Según Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la focalización debe centrarse en el transporte público, “que es el que usa la población más vulnerable”, y no en los taxis o transporte de carga.

“Tecnológicamente es factible con tarjetas, pero puede tomar tiempo”, planteó.

Para Osvaldo Erazo, director de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), se podría analizar una compensación a través del Servicio de Rentas Internas o mediante una baja de aranceles. Cree que otros actores deben participar en el diálogo, como los distribuidores y el Ministerio de Economía.

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Posted by El Comercio on Sunday, June 13, 2021