Están identificados, se conoce cuánto ganan, cómo operan, a quién venden, dónde lo hacen…, pero nada. No pasa nada.
Lo lamentables es que esta actividad ilícita ya se encarnó en la gente, que defiende su trabajo ilegal porque es rentable, tan rentable como suelen ser todos los negocios que están al margen de la ley.
Por eso los pobladores se hacen los ciegos, se cubren las espaldas o reaccionan en masa atacando a quien intente interferir con su actividad diaria: el contrabando de combustibles.
Cuando se sienten acorralados se dan a la fuga, dejando la mercadería y los vehículos abandonados. Es una pérdida ‘aceptable’, que se recupera luego de un mes de trabajo.
Con esta actividad, por ejemplo, una minoría en Tulcán pueden obtener USD 3000 mensuales por contrabandear combustibles. Esos ingresos los consiguen a costa del resto de la población, que paga impuestos para que el Gobierno compre combustibles a precio internacional y los venda a menor precio en el mercado interno.
La inversión inicial para los contrabandistas se puede multiplicar por 10 en un día de trabajo, explotando al máximo la diferencia de precios del gas de uso doméstico en Ecuador (USD 1,60) versus los 15 ó 20 dólares en los países vecinos.
Solo en Tulcán se calcula que unas 6 000 personas se dedican a esta actividad, un 7% de la población, aunque se prevé que cada vez hay más personas que entran en este negocio por dos razones: impunidad y distorsión de precios, vigentes por más de una década.
Anualmente Ecuador destina USD 3 000 millones en subsidios generalizados a los combustibles. Además de la enorme merma de recursos para el Fisco, el peor efecto está en la gente, que se está acostumbrando a las altas ganancias del dinero fácil.